Tras cuatro días con récords históricos en el precio mayorista de la electricidad y un quinto máximo consecutivo previsto para hoy mismo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reapareció ayer para hablar de este grave problema social y abrió por primera vez la puerta a la creación de una empresa pública de energía. Esta idea la ha venido defendiendo hasta el momento Unidas Podemos, formación que de hecho ya está trabajando en un borrador legal para este proyecto.
Hasta ayer mismo, Ribera había venido defendiendo que esta iniciativa «no era buena idea», sin embargo, tras las presiones con agitar las calles lanzadas el miércoles por sus socios, a las que la vicepresidenta tachó de poco efectivas, ésta se abrió a esta posibilidad durante una entrevista en la cadena Ser para, según dijo, «disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto» y hacerlo «a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía».
El giro de Ribera fue ayer bienvenido por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Secretaria General de Podemos, Ione Belarra, quien celebró que el PSOE «se abra por primera vez» a su propuesta de crear una empresa pública de energía. A trevés de su cuenta de Twitter Belarra dijo además que se debe afrontar «con urgencia y valentía» la situación «crítica» del precio «desorbitado» de la factura de la luz.
La posibilidad, sin embargo, no ha sido bien acogido entre los expertos. Para Víctor Ruiz, profesor de EAE Business School, la opción de «nacionalizar empresas eléctricas o la creación de distribuidores públicas necesitaría movilizar recursos vía deuda». En su opinión el resultado sería «una estructura de monopolio». Ruiz recuerda que la política determina en España el 72,3% de la factura eléctrica, por medio de peajes e impuestos, donde solo nos ganan Alemania, Dinamarca y Portugal. «Los países que pagan menos lo hacen por la reducción de impuestos y los menores costes de suministro», concluye.
Por su parte, Daniel Lacalle, economista y especialista en el mercado energético, asegura que «una empresa pública no hace los servicios más baratos o mejores». Y recuerda que «la tarifa regulada diseñada por el gobierno es un 12% más cara que el resto y que la eléctrica pública de Colau vende más caro que la competencia».
Además, apunta a que el hecho de que en países como Francia la electricidad sea más barata se debe «al elevado porcentaje de energía nuclear que utilizan y no a la presencia de empresas públicas en el mercado». La participación estatal en el mercado energético es una realidad bastante extendida, aunque suele ser a través de participaciones accionariales en las compañías. Tal es el caso de Enel (Italia), que también es propietaria de Endesa. Según datos de la OCDE, las eléctricas estatales o con participación pública eran las responsables del 61% de la capacidad eléctrica instalada en 2016 y de alrededor del 52% de la que está en construcción o planificada.
Reforma de la tarifa
Junto a la posible creación de una empresa pública de energía, Ribera apuntó a una próxima reforma de la tarifa regulada de luz para tratar de bajar la «volatilidad» en el mercado de subastas. «Estos días, estamos viendo cómo hay una demanda importante por parte de las empresas eléctricas y de organizaciones o sectores de introducir cambios en la tarifa regulada. Sin embargo, sabemos que las tarifas reguladas de las que disponemos son más baratas que las del mercado libre», apuntó.
Para Victor Ruiz (EAE Business School), el último cambio tarifario «no va a tener un gran impacto en el usuario doméstico» y recomienda que se apueste más por las energías limpias «donde la generación es más barata y depende cada vez menos de los combustibles fósiles».
