El próximo año México se convertirá en el cuarto país de Latinoamérica en aplicar la revocación de mandato (RM) para Presidente de la República, exigiendo tan solo el 3 por ciento de firmas para solicitarla, cuando en Bolivia y Ecuador es el 15 por ciento y en Venezuela el 20 por ciento.
De acuerdo al Artículo Cuarto Transitorio del decreto publicado el 20 de diciembre de 2019, la recolección de firmas será durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del presente año. La convocatoria se debe expedir entre el 16 de diciembre y el 5 de enero de 2022, y la jornada de votación será a los sesenta días posteriores.
Todas las consultas de revocación realizadas en los otros tres países las han ganado los presidentes en ejercicio. Parece que México no sería la excepción. De acuerdo a la última encuesta publicada (El Financiero 3 de agosto 2021), el 51 por ciento se pronuncia en favor de que continúe en el cargo, y el 37 por ciento porque lo abandone (el porcentaje más alto por la continuidad es de diciembre de 2019, con el 70 por ciento y el mayor por la remoción es de junio pasado con el 41 por ciento).
La figura de RM está mal diseñada en la Constitución, y lo estará aún peor en la ley reglamentaria: 1.- no existen causales para solicitarla (cuando, por ejemplo, en Jalisco son ocho), simplemente es juntar firmas, y en un porcentaje bajo; 2.- la procedibilidad solo está vinculada al porcentaje de participación: 40 por ciento de los electores -igual que en la Consulta Popular- que equivalen a 38 millones de sufragios; 3.- No se establece la regla de que la cantidad de votos para quitar un mandato debe ser superior en términos absolutos y relativos al que lo otorgó (como existe en los otros países): en consecuencia, casi 20 millones de votos pueden anular un mandato otorgado por 30 millones ¡una aberración!; 4.- establece el 3 por ciento de firmas para solicitarla para Presidente y el 10 por ciento para los gobernadores.
Lo que es más grave: el remedio puede salir peor que la enfermedad: como no se contempla la realización de nuevas elecciones, los buitres del partido del Presidente se despedazarían para definir quién se queda con el hueso, y no existe ninguna seguridad que el quede sea mejor que el que se va.
Javier Hurtado
