Desde el 27 de junio de 1973 y hasta el 28 de febrero de 1985, en las que formalmente se reinició la vida democrática en el país, la dictadura cívico-militar “intensificó sistemáticamente las políticas de terrorismo de Estado, que se sumaron a aquellas que precedieron al golpe de Estado: miles de prisiones ilegitimas, torturas, asesinatos, […]
Foto: PIT-CNT.
Desde el 27 de junio de 1973 y hasta el 28 de febrero de 1985, en las que formalmente se reinició la vida democrática en el país, la dictadura cívico-militar “intensificó sistemáticamente las políticas de terrorismo de Estado, que se sumaron a aquellas que precedieron al golpe de Estado: miles de prisiones ilegitimas, torturas, asesinatos, desapariciones, delitos sexuales, apropiación de menores, exilio”.
En la declaración también se recuerda que “la lucha por verdad, justicia, memoria y reparación integral que a 35 años de la instalación del primer Gobierno democrático que se sigue desarrollando hoy, no es ajena a aquella determinación de desarrollar las formas de lucha más adecuadas y efectivas para enfrentar los distintos niveles de autoritarismo estatal”.
“En este marco, es que hay que ubicar los actuales esfuerzos para llevar a referéndum los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Este nuevo capítulo de resistencia ante la instalación de innovadoras formas de autoritarismo estatal, que conlleva la LUC, se desarrolla en el marco de la emergencia sanitaria, y eso significa, sin duda, dificultades que habrá que superar con la experiencia acumulada de las luchas pasadas y la creatividad de las nuevas generaciones”, indica la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT.
He aquí el texto íntegro de la declaración:
“El 27 de junio de 1973, el autoritarismo estatal existente en el Uruguay a partir el 13 de junio de 1968 (Medidas Prontas de Seguridad, etc.), dio un paso más con la disolución del Parlamento y la instalación desembozada de la dictadura cívico-militar.
En el período de la actuación ilegitima del Estado que precedió al golpe de Estado, el movimiento popular desarrolló variadas estrategias para enfrentar la práctica de torturas, la desaparición forzada de personas, la prisión de personas sin la intervención del Poder Judicial, los homicidios, la aniquilación de personas en su integridad psicofísica, el exilio político o destierro de la vida social.
Ante ese nuevo avance del terrorismo de Estado, el movimiento sindical organizado en torno a la CNT, unificó su resistencia mediante la materialización de una resolución tomada en el Congreso de Unificación Sindical, que ratificó la decisión de convocar a una huelga general ante la presumible concreción de un golpe de Estado al mismo tiempo que definió los Estatutos de la CNT y tomó como base de su programa lo resuelto en el Congreso del Pueblo.
Esa huelga general con ocupación de los lugares de trabajo, que fue acompañada por la Federación de Estudiantes del Uruguay, organizaciones sociales y algunas organizaciones políticas, constituyó sin dudas una respuesta adecuada y justa a los tiempos que vendrían, que hoy en estos tiempos que vivimos es necesario darle la importancia que tuvo y tiene.
Desde aquel lejano 27 de junio de 1973, hasta el 28 de febrero de 1985, en las que formalmente se reinicia la vida democrática en el país, la dictadura cívico-militar intensificó sistemáticamente las políticas de terrorismo de Estado, que se sumaron a aquellas que precedieron al golpe de Estado: miles de prisiones ilegitimas, torturas, asesinatos, desapariciones, delitos sexuales, apropiación de menores, exilio.
La lucha por verdad, justicia, memoria y reparación integral que a 35 años de la instalación del primer Gobierno democrático que se sigue desarrollando hoy, no es ajena a aquella determinación de desarrollar las formas de lucha más adecuadas y efectivas para enfrentar los distintos niveles de autoritarismo estatal.
En este marco, es que hay que ubicar los actuales esfuerzos para llevar a referéndum los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Este nuevo capítulo de resistencia ante la instalación de innovadoras formas de autoritarismo estatal, que conlleva la LUC, se desarrolla en el marco de la emergencia sanitaria, y eso significa, sin duda, dificultades que habrá que superar con la experiencia acumulada de las luchas pasadas y la creatividad de las nuevas generaciones”.
