Autoridades y empresarios del sector proponen un Programa de Apoyo Financiero al Transporte Público a través del gobierno federal y estatal, toda vez que el transporte público de pasajeros en México ha perdido alrededor de 19 mil 500 millones de pesos a raíz de la crisis sanitaria.
El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, (AMAM) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), informaron en conferencia conjunta que, esta medida es urgente que llegue en el corto plazo para garantizar la solvencia de los prestadores del servicio público de las principales ciudades del país.
De acuerdo con estas organizaciones, la reducción de la demanda del servicio por la pandemia ha dejado al sector una caída de 60 por ciento en su operación y con pérdidas en sus ingresos por poco más de 40 por ciento. Aunado a esto se suma el rezago de inversión que existe en el sector y la cual es superior a los 323 mil millones de pesos.
Por ello, dichos organismos proponen que, en una primera etapa, se etiqueten recursos federales y estatales para apoyo al sector, incluyan en el presupuesto federal beneficios fiscales en IVA e ISR, y se incrementen los beneficios en el impuesto al combustible; así como que se otorguen garantías de crédito con respaldo gubernamental.
Para una segunda etapa y con una visión de 1.5 a 3 años, proponen acciones financieras y operativas para reactivar la economía del sector e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la inclusión y la calidad de servicio.
En una tercera, que llevaría un lapso de tres a seis años proponen soluciones en términos financieros, operacionales y administrativos para consolidar fuentes alternativas de fondeo y financiamiento, junto con el marco normativo necesario para acceder a estos créditos.
Adriana de Almeida Lobo, directora Ejecutiva del WRI México aseguró que para garantizar el derecho a la movilidad es necesario asegurar recursos que permitan la planeación del transporte a corto, mediano y largo plazo, por lo que es urgente el establecimiento de un Programa de Apoyo Financiero al Transporte Público.
Aunado a esto, Alejandro López, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), dijo que los tres organismos están coordinando esfuerzos para hacer posible el derecho a la movilidad en el país, por ello desde el 2018 han insistido en la necesidad de establecer una política nacional de movilidad que permita fortalecer la institucionalidad, definir competencia, establecer estrategias, asignar recursos y considerar esquemas de financiamiento necesarios para garantizar el derecho a la movilidad.
Por su parte, Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) dijo que exhortan a la autoridad a establecer una comunicación que permitan políticas públicas renovadas, para lo cual es importante el acompañamiento de las autoridades y operadores para fortalecer el futuro del transporte y mejorar la calidad de vida en los centros urbanos.
Asimismo, Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones que la caída en la demanda del servicio ha repercutido en la industria afectando la movilidad y la renovación de las flotas provocando una caída de 52 por ciento en la adquisición de vehículos de pasaje.
