El centroizquierda chileno se convirtió en el gran vencedor de las elecciones regionales que se celebraron en segunda vuelta este domingo, en las que obtuvo la mayor parte de las gobernaciones, incluida la de Santiago de Chile, con el 99,9 % de los votos escrutados.
El pacto de partidos de centroizquierda Unidad Constituyente (UC) logró el poder sobre la capital, en la que el candidato Claudio Orrego, militante de la Democracia Cristiana (DC), se impuso por un 52,7 % de los votos, y el grupo se quedó con 10 de las 16 regiones del país, ocho de ellas obtenidas en segunda vuelta y dos en primera.
Se trata de la primera vez en la historia que Chile elige a sus autoridades intermedias. Antes eran nombradas a dedo por el Gobierno, por lo que se consideran unas elecciones cruciales hacia la descentralización del país.
«Asumimos este triunfo con mucha humildad y con un tremendo sentido de responsabilidad»
«Asumimos este triunfo con mucha humildad y con un tremendo sentido de responsabilidad. Levantar a la Región Metropolitana después de la pandemia va a ser una tarea muy difícil», afirmó Orrego, que batió en la capital a Karina Oliva (47,27 %), del Frente Amplio (FA), una izquierda más radical.
Oliva, por su parte, declaró que pese a la derrota su bloque «ha crecido» y que «es importante» que mantenga «la unidad, la fuerza y la organización, pero sobre todo la convicción intacta» de que la región y el país «pueden ser mucho más justos y democráticos».
Caída de la derecha
La derecha oficialista, en tanto, fue la gran perdedora. Su apuesta para Santiago quedó descartada por mucho en primera vuelta y solo logró, en segunda vuelta, imponerse en la región de la Araucanía, en el centro del país, conocida por ser una zona de conflicto entre las autoridades y los pueblos indígenas.
Luciano Rivas, candidato independiente que se presentó a las elecciones en la lista del bloque oficialista de derechas Chile Vamos, será quien gobierne en esa región.
En el resto de divisiones territoriales del país el resultado fue el siguiente, de norte a sur: en Arica y Parinacota se impuso el demócrata cristiano Jorge Díaz (UC); en Tarapacá, José Miguel Carvajal (FA); en Antogafasta Ricardo Díaz, independiente que acudía en la lista de la UC; en Atacama, el independiente Miguel Vargas; y en Coquimbo, la independiente Krist Naranjo en la lista del Partido Ecologista Verde.
Al sur de la Región Metropolitana, el socialista Pablo Silva (UC) se impuso en O'Higgins; la demócrata cristiana Cristina Bravo (UC) en el Maule; el socialista Óscar Crisóstomo (UC) en Ñuble; el independiente Rodrigo Díaz en Bíobío; el socialista Luis Cuvertino (UC) en Los Ríos y el demócrata cristiano Patricio Vallespín (UC) en Los Lagos.
Completan las 16 regiones los tres gobernadores que ya fueron elegidos en la primera vuelta, los pasados 15 y 16 de mayo, al lograr más del 40 % de los votos: el independiente por lista del FA Rodrigo Mundaca, en Valaparaíso (centro); la socialista Andrea Macías Palma, en Aysén (sur); y el izquierdista independiente por la UC Jorge Flies, en Magallanes (sur).
Baja participación
Fueron solo 2,5 de los 13 millones de personas convocadas las que acudieron a las urnas para elegir a los gobernadores de 13 de las 16 regiones de Chile, y los resultados se leyeron con el ojo puesto en las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.
La participación en estas elecciones, que se celebraron en pleno pico de la pandemia de Covid-19 y con toda la capital confinada, fue la más baja desde el retorno a la democracia en 1990, de un 19,6 %, muy por debajo del mínimo que se registró en las municipales de 2016, cuando solo votó el 34,9 % del padrón.
Desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, ninguna elección ha superado el 50 % de participación, a excepción del plebiscito del pasado octubre, cuando sufragó el 50,9 %.
En la primera vuelta de esta elección de gobernadores que se celebró junto a las municipales y las constituyentes, la participación fue de poco más del 43 %.
Los elegidos, que tomarán posesión el 14 de julio para un periodo de cuatro años, podrán convertirse en autoridades con alta visibilidad y, en muchos casos, en contrapoderes territoriales al centralizado Santiago, aunque sus atribuciones están muy acotadas a ámbitos como el ordenamiento territorial o el impulso al desarrollo social, siempre en función del presupuesto nacional, lo que les deja poco margen de acción.
