Hace casi tres décadas, con las elecciones de 1993 en el horizonte, el PP concibió uno de los eslóganes más eficaces y pegajosos que se recuerden contra un rival político, al referirse al PSOE como "el partido del paro y la corrupción". A fuerza de repetir machaconamente el estribillo, logró incrustarlo en el ideario colectivo de una parte nada desdeñable de la población y convertirlo en una especie de apellido del socialismo hasta el día de hoy. Años después, ante los comicios de 2011, Mariano Rajoy retomó el eslogan, en su versión recortada, al vincular al PSOE con el desempleo; por lo visto, la etapa de Zapatero no le proporcionaba munición suficiente para meter la corrupción.
Como sucede con todos los eslóganes exitosos, la vinculación entre socialismo y paro se basaba en datos veraces, pero sin el menor análisis y contextualización. Es cierto que, bajo el mandato de González, el desempleo alcanzó unos niveles nunca antes vistos y que, durante el gobierno de Zapatero, el paro se volvió a disparar. Pero, ¿puede deducirse de ello, como vienen haciendo desde hace años los conservadores, que los socialistas son una amenaza para los puestos de trabajo en España? La pregunta cobra especial actualidad después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusara en el Congreso al PP de Mariano Rajoy de haber sido el mayor destructor de empleo en la historia reciente y de haber impulsado una nefasta reforma laboral.
Repasemos la historia.
A la muerte de Franco, el paro era de tan solo el 3,7%, cifra que seguro inflará el pecho a los nostálgicos de la dictadura. El dato, aunque cierto, esconde el hecho de que una cantidad abrumadora de personas en edad laboral no buscaba activamente trabajo y, por tanto, no entraba en la calificación de parada. Eran, lisa y llanamente, "inactivas", como se les denomina en la jerga burocrática. En este colectivo destacaban por número las mujeres, que en aquellos tiempos supuestamente idílicos del franquismo estaban condenadas a hacer bolillos, ocultas tras los visillos, como en el Pueblo blanco de Serrat.
El paro comenzó a subir aceleradamente en la segunda mitad de los años 70, en gran medida como consecuencia de la crisis del petróleo. Cuando Leopoldo Calvo Sotelo –de quien no consta que fuera socialista- entregó el poder a Felipe González, la tasa de desempleo ascendía al 17,9%. Ya con González en la Moncloa, el paro siguió en aumento durante tres años, hasta alcanzar el 21,5% en 1985. A esa subida contribuyó en gran medida la llegada masiva de mujeres y jóvenes al mundo del trabajo, una avalancha propiciada por el nuevo clima de libertades y de apertura que el mercado laboral no lograba digerir. A partir de ese momento, por una conjunción de factores, el desempleo fue en descenso hasta situarse en 1991 en el 16,9%% (por debajo del nivel en que lo había dejado Calvo Sotelo). Pero entonces se produjo una potente crisis mundial por estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón y las tensiones en el precio del petróleo por la primera Guerra de Golfo. La crisis llegó con efecto retardado a España, gracias a las inversiones sociales y en infraestructura realizadas con ocasión de los Juegos Olímpicos y la Expo en 1992, pero el elevado endeudamiento de las administraciones, sumado a las dificultades en los países de nuestro entorno y la falta de potencia del modelo productivo español, impidió que nos librásemos de ella. El paro subió y alcanzó en 1993 el 23,8%, la tasa anual más alta del mandato de González. Y una vez más, como en una montaña rusa, comenzó a descender gracias a la recuperación progresiva de las economías desarrolladas y por la entrada en vigor, en 1994, de una reforma laboral que, según los expertos, es la más intensa que se haya aprobado en la etapa democrática. Los socialistas hacían el primer gran ejercicio para estimular el empleo mediante la "flexibilización" –eufemismo por precarización- del mercado del trabajo.
González no tuvo tiempo para recoger los frutos de la recuperación. Aznar llegó a la Moncloa en 1996, con un desempleo que rondaba el 21%. En los cinco años siguientes, el paro cayó en picado hasta el 10,6%, habiéndose situado algunos meses por debajo de los dos dígitos. Se habló del "milagro económico español". El liberalismo proclamó con admiración a España como la "fábrica de empleo de Europa". La economía iba viento en popa. Los bancos y las constructoras irrumpían con fuerza en América Latina, en lo que los grandes medios describieron como "la reconquista". El pretendido milagro no se basó en un cambio del modelo productivo, sino en una nueva vuelta de tuerca a la precarización del mercado laboral, en una apuesta sin precedentes por el ladrillo, en un ambicioso programa de privatizaciones que engrosó las arcas del Estado y en las ayudas a espuertas que llegaban de la Unión Europea, en particular el jugoso Fondo de Cohesión que había conseguido González, a quien en su día acusó de "pedigüeño" por negociarlo. Pero –quizá lo más importante-, Aznar tuvo la inmensa fortuna de que su mandato no coincidió con ninguna crisis mundial o europea; todo lo contrario: coincidió con una de las etapas más pujantes de la historia reciente de las economías europea y norteamericana, lo cual ejercía un poderoso efecto arrastre en la economía española.
En 2004 llega Zapatero a la Moncloa… y el paro sigue a la baja. Tres años después está en el 8,6%. En algún trimestre cae por debajo del 8%. ¡Un socialista con mejores datos de desempleo que Aznar y Rato! Pero entonces llegó el fatídico 2008 y saltó en pedazos el milagro, que, como se demostró, estaba construido sobre pies de barro: el negocio del ladrillo se fue a pique, cientos de miles de empleos volátiles se esfumaron, Europa entró en recesión y ya no quedaba qué privatizar para arañar unos durillos. Resultado: el desempleo se disparó y la UE obligó al desconcertado Zapatero a tomar una serie de drásticas medidas económicas y laborales, que condujeron unas elecciones anticipadas.
En 2011, cuando Rajoy llega a la Moncloa, el paro está en el 22,8%. Pese a que en la campaña electoral había afirmado que la crisis se superaría con la sola salida del PSOE del poder, al finalizar su primer año de gobierno el desempleo alcanzaba el máximo histórico del 27,2%. Solo en el quinto año de mandato logró que bajara del 20%, sin cambios de fondo en el modelo productivo, fiándolo todo a la recuperación de la economía europea, a la reactivación de la construcción y a los efectos de una nueva reforma laboral. Al final de su mandato, en 2018, el paro está en el 15%. Llega entonces Pedro Sánchez a la Moncloa… y mejora el dato: a finales de su primer año, el desempleo está un punto por debajo del que le dejó su antecesor. Pero entonces, como si se tratara de una maldición sobre los mandatarios progresistas (el expresidente de la II República, Manuel Azaña, siempre lamentó que el proyecto republicano se viera afectado por el crac de 1929), llega una nueva crisis: la pandemia del coronavirus y su severo impacto económico. Lo llamativo es que, pese a las dificultades, Sánchez ha logrado evitar que el paro se salga de madre: a finales de 2020 era del 16,2% -por debajo de la tasa media de desempleo desde 1980, que es del 16,5%- y este año va en descenso.
Si algo enseña la historia es que España tiene un problema estructural de empleo, relacionado con su sistema productivo, que se mantuvo oculto durante el franquismo y que ni el PP ni el PSOE, cada cual por sus motivos, han logrado resolver. Se da la circunstancia de que la tasa de paro más baja se ha logrado durante un gobierno socialista, el de Zapatero, y la mayor bajo uno popular, el de Rajoy. Aznar, encumbrado como artífice de un milagro, fue más bien un tipo con suerte, al que le soplaron todos los vientos a favor, hasta que, para desgracia de su sucesor, los vientos cambiaron de curso y arrasaron su envenenada herencia. En realidad, tanto el PSOE como el PP han hecho méritos para ser calificados de "el partido del paro". Y, a juzgar por las noticias, el segundo se va llevando la palma como "el partido de la corrupción".
