El discurso del Gobierno avanza por días al punto de partida que fijó Pasqual Maragall con el bipartito formado con ERC en 2003. Ese punto de partida es reinstalar al socialismo en Cataluña como una fuerza soberanista de izquierdas. Puede que no independentista, pero sí soberanista, y la prueba está en la sumisión del Gobierno a cada planteamiento rupturista que hace ERC pese a que, el pasado octubre, la Guardia Civil descubrió el plan oculto de ese partido para encaminarse hacia otra declaración de independencia cuando los presos independentistas quedasen en libertad. La hoja de ruta del documento, intervenido a un relevante dirigente de ERC en el marco de una investigación judicial, demuestra que la tercera fase de ese plan se basa en lograr la excarcelación de los presos -cosa que Sánchez ya ha aceptado, vía indultos- y la convocatoria de un referéndum de independencia -algo que ayer avanzó Salvador Illa-. Todo empieza a cuadrar miméticamente. Más allá de que resulte inexplicable que el Gobierno no estuviese al tanto de ese plan, lo cierto es que tras conocerse públicamente el documento secreto de ERC, nadie, ningún ministro, se planteó rectificar la política de cesiones de La Moncloa. ERC es un partido experto en trampas y embustes, y Sánchez le debe la legislatura. Poca conclusión más se puede extraer.
Para llegar a este escenario de un renovado socialismo abiertamente soberanista y sumiso, que fue el caldo de cultivo del Estatuto de 2006 y el detonante del problema secesionista actual, el Ejecutivo está desplegando una coral de argumentos inverosímiles. La ministra Belarra apuesta por que Carles Puigdemont vuelva a España sin cargos, como si no le estuviera esperando una orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena. El ministro José Luis Escrivá se mete donde nadie le llama para decir que cuesta explicar en Europa las condenas por el 1-O. Le costará a él, pero el Parlamento Europeo sí las entendió muy bien. A su vez, el ministro Juan Carlos Campo defiende los indultos por «utilidad pública», lo que suena a la antidemocrática ‘razón de Estado’. Y el remate lo puso ayer Illa recuperando el término «referéndum». Lo hizo, eso sí, melifluamente, disfrazado de «consulta para la convivencia» o un sucedáneo similar, que apunta a ser un referéndum por un nuevo Estatuto. El guión de la ‘mesa de diálogo’ ya está escrito.
El argumento que utilizó Illa no puede ser más peligroso: da a entender que los catalanes tienen un Estatuto que no es el que votaron, y que la Constitución y el Estatuto catalán -solo el catalán, claro- deben estar en pie de igualdad. Es la vieja cantinela de la ‘nación de naciones’ que justifica el derecho a la autodeterminación hacia una suerte de Estado que no sería ya federal, sino confederal. Y el reconocimiento de ese derecho será el desenlace natural de esta política de manipulación que está haciendo el Gobierno. Por eso, lo que está insinuando Illa es otro ‘Tinell’ inconstitucional. Sin embargo, no basta con utilizar palabras equívocas para sortear los sistemas defensivos del Estado constitucional. Que Illa y Sánchez hablen claro sobre lo que se proponen, porque este juego de palabras ya es de segunda mano, y porque el independentismo ya no quiere otro estatuto, sino la constitución de un Estado independiente. En febrero de 2019, Pedro Sánchez se sentó en otra ‘mesa de diálogo’ con Joaquim Torra, envueltos en el mismo lenguaje buenista y ponzoñoso que se está empleando estos días. Hoy, como entonces, ninguna de las partes está diciendo la verdad sobre lo que se proponen. Todo esto es una prueba más de que el interés nacional está siendo malversado por Sánchez.
