El pueblo colombiano vive más de un mes de cruentas manifestaciones que estallaron el 28 de abril por un alza de impuestos promovida por el presidente Iván Duque, y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. A raíz de esto, la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un balance de los casos de violaciones a los Derechos Humanos registradas durante ese período.
“Claramente se trata de un contexto en que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que hemos rechazado de forma constante y contundente desde que empezamos a registrarlo”, declaró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien aseguró en la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH, que desde el 28 de abril y hasta el 03 de junio, se han recibido 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos.
“Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en el 73% se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese porcentaje el 98% son atribuidas a la Policía Nacional”, relata el texto compartido a la prensa. Según Camargo, “las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios”, de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), del que Cali es capital.
“Esta visita para la misión es histórica y estamos seguros y seguras que este es un punto de partida para poder dar pasos importantes en la promoción y protección de los derechos humanos a partir del diálogo y el respeto mutuo”, declaró en la rueda de prensa la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.
En la jornada del lunes 7 de mayo, la CIDH se reunió también con la Cancillería y la fiscalía. Y afirmó que en los días siguientes escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares “para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones”. La entidad recogerá también información de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre ataques a 233 periodistas en los cuales “el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye el 53,73% de los casos”.
El Comité afirmó que emitirá en la próxima semana una declaración pública con “observaciones y recomendaciones” para este “momento difícil”.
La CIDH, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitará entre el 6 y 10 de junio las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán (suroeste) y el municipio de Tuluá (suroeste), los más golpeados por la crisis.
La llegada de la Comisión coincidió con el anuncio del domingo 6 de junio, hecho por parte del presidente Duque, en el que informó que ordenó “un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional, sobre todo para fortalecer la política de los derechos humanos”, durante una ceremonia de ascensos de la institución en Bogotá.
Esta reforma buscará que todos “los policías sean certificados en derechos y en uso de la fuerza”, según dijo a la AFP el ministro de Defensa, Diego Molano. Sin embargo, aunque el plan responde al clamor popular por un cambio en la gendarmería, el analista Jorge Restrepo expresó en Twitter que la medida resulta “tardía” porque “llega cuando la confianza en la institución se ha deteriorado y no se articula con la investigación de abusos”.
La organización más visible de los manifestantes suspendió las conversaciones que mantenía con el gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para el miércoles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras, y violentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública.
Por Astrid Pilpe para nuestro medio asociado RFI
