La Fiscalía Anticorrupción rebate una de las últimas decisiones tomadas por el magistrado al frente del caso Púnica. El Ministerio Público considera que las nuevas evidencias aportadas por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega en relación a “la existencia de un sistema de facturación impuesto” en el Partido Popular no deberían indagarse en una nueva pieza de esta trama. Al contrario, entiende que son hechos conexos a los investigados hasta el momento y, por ese motivo, reclama que se incluyan en la pieza sobre la presunta caja B del PP madrileño en la que están imputados los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.
De hecho, en el recurso con fecha de 20 de mayo al que ha tenido acceso Vozpópuli, recuerdan el testimonio que prestó Ortega en julio del año pasado. El exedil popular solicitó declarar en esta causa después de remitir una carta a la Fiscalía en la que mostró su deseo de aportar nuevas pruebas acerca de este supuesto circuito de financiación irregular a través del amaño de contratos y del conocimiento que tuvo Aguirre de los mismos. Ortega explicó entonces que se había producido un desvío desde entes como Mercado Puerta de Toledo (del que era gerente) y del IMADE (Instituto Madrileño del Desarrollo). Al respecto dijo que igual se estaba "pegando un tiro" porque las confesiones le incriminaban pero que quería aportar nuevas pruebas contra la entonces presidenta de Madrid.
Ahora, y tras entregar dicho material, la Fiscalía sostiene que fue Aguirre la persona que le designó para ese cargo y le sacó de la alcaldía de Majadahonda. "Tras ello, siguiendo la versión ofrecida por Guillermo Ortega, recibió instrucciones, a través de Álvaro Arenzana para realizar campañas de publicidad
sobrevalorando los costes como medio para lograr obtener un fondo (o caja) que integraba el dinero a disposición del Partido Popular de Madrid", reza la Fiscalía, la cual añade que también declaró que Francisco Granados y "la propia presidenta" le felicitaron por participar en estos hechos.
En ese punto respaldan la declaración de Ortega -que está condenado a 38 años y tres meses de cárcel por su implicación en la trama Gürtel- y aseguran que él entendió que las órdenes "venían dadas desde arriba" y que el Partido Popular utilizó estos entes para desviar fondos públicos, principalmente a través del pago de facturas infladas por contratos de publicidad. Por todo ello rebaten al magistrado Manuel García Castellón en su decisión de abrir la pieza decimotercera de la causa y exponen en su recurso ante la Sala de lo Penal que los hechos forman parte de la investigación vigente hasta el momento.
Al respecto los tres fiscales se preguntan si la decisión del magistrado de separar este asunto de la trama troncal tiene que ver con una cuestión de fondo o de forma. Al respecto elucubran con que el verdadero motivo de su decisión reside en que el magistrado quiere zanjar lo antes posible unas pesquisas que se remontan al año 2014. "Pues bien, el Ministerio Fiscal ya ha expresado en diversos escritos que, a su juicio, restan diligencias por practicar, y entre las mismas se encuentra la relativa al escrito que Guillermo Ortega se comprometió a facilitar si se le entregaba la documentación", apuntan ahora.
Al respecto cabe destacar que el instructor de la causa lleva muchos meses insistiendo en que está a punto de concluirla pese al criterio contrario de la principal acusación. Antes de ello ha impulsado algunas diligencias (recientemente llamó a declarar a 57 personas por el presunto desfalco de 15 millones con Alfedel) aunque también ha cerrado otras vías. De hecho, archivó las imputaciones relativas al expresidente de Prisa, Javier Mozón; a la propia Indra como persona jurídica y más recientemente a Cristina Cifuentes. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sigue solicitando más diligencias en aras a acotar la implicación de Esperanza Aguirre en esta presunta financiación extracontable.
La exmandataria regional, por su parte, se desliga de estas acusaciones y sostiene que la declaración voluntaria que efectuó Ortega -junto con Arturo Panero e Isabel Jordán- solo tenía como fin último obtener beneficios penitenciarios tras sus condenas en la trama Gurtel. De hecho, sus declaraciones estuvieron envueltas en polémica puesto que muchos de los letrados presentes solicitaron la anulación al tratarse de un asunto sobre el que ya se dilucidó en el juicio por la red que lideró Francisco Correa. De este modo Aguirre también actuó contra Luis Bárcenas cuando le implicó en la recepción de un sobre con 60.000 euros provenientes del constructor Luis Gálvez. El magistrado imputó al empresario, le tomó declaración y 24 horas después le archivó la causa.
