BOGOTÁ, junio 3.— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos se unieron a las más de 500 organizaciones que han denunciado la represión brutal de las manifestaciones en Colombia, un mes después del inicio de las movilizaciones.
Luego de otra noche de violencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en varias ciudades donde hubo ataques contra periodistas y lanzamiento de gases lacrimógenos contra viviendas, miembros de la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos calificaron lo que acontece como masacre.
En un informe preliminar de conclusiones del recorrido de verificación que realiza en el país desde el 25 de mayo pasado, la Misión señaló en el informe que «los derechos humanos están siendo violados en Colombia, y la comunidad internacional asume que no hay una condena contundente por parte de la institucionalidad».
Foto tomada de Internet.
La Misión recibió denuncias acerca de la «inactividad del Estado» frente a las violaciones a la integridad de las personas, actos durante los cuales suele «criminalizarse a las víctimas, antes que a sus atacantes», apuntaron.
Según la comisión, «puede concluirse que los excesos de la fuerza pública se corresponden con tipos penales como la desaparición forzada de personas, delitos contra la vida (homicidios), delitos contra la integridad física (lesiones oculares), delitos contra la integridad sexual (violaciones), delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio de la protesta».
Precisamente, un reporte publicado este jueves en el diario local El Tiempo dio cuenta de la existencia de denuncias acerca de detenidos que son llevados por la policía a sitios no oficiales.
César Santoyo, director del Colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, comentó que, según las denuncias, «las detenciones están siendo arbitrarias por el uso inadecuado de instalaciones que no son parte de los esquemas del debido proceso; no son sitios certificados para el propósito de detener a personas», comentó.
Un día antes, WOLA había pedido a EE.UU. una posición «contundente» ante los abusos de la fuerza pública.
Según otros reportes, 503 organizaciones defensoras de derechos humanos, incluidas 68 de corte internacional, enviaron una carta a la OEA pidiendo su intervención en el país con motivo de las muertes, que rebasan la cuarentena, los heridos, las detenciones arbitrarias y la violencia sexual ejercida contra muchos manifestantes.
Además, la propia carta de WOLA recuerda que legisladores de EE. UU. también se han pronunciado. En una misiva dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, 55 miembros del Congreso pidieron al ejecutivo de Biden que denunciara los abusos y suspendiera la asistencia directa a la policía de Colombia.
Según ha trascendido, el gubernamental partido Centro Democrático envió una delegación a Estados Unidos para explicarle a la OEA las posiciones del ejecutivo ante las protestas.
Las posiciones duras de parte del ejecutivo se recrudecen y han impedido el avance en las conversaciones entabladas con el Comité Nacional del Paro.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, presentó una tutela ante el Consejo de Estado contra el presidente, Iván Duque, por ordenar la militarización de ocho departamentos y 13 ciudades.
