GINEBRA – Responsables de derechos humanos de las Naciones Unidas rechazaron la nueva oleada de detenciones arbitrarias en Nicaragua, incluida la de la periodista y precandidata presidencial Cristiana Chamorro, en declaraciones difundidas este jueves 3.
Nicaragua “no debe criminalizar prácticas legítimas como la participación en protestas pacíficas, especialmente si las personas defensoras se enfrentan a una detención prolongada”, dijo en esta ciudad suiza Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Por su parte, Alberto Albrunori, representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), rechazó el arresto, inhabilitación para cargo público y la persecución penal dispuestas contra Chamorro el miércoles 2.
“Las acciones del ministerio público y el órgano judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre”, dijo Abrunori.
El país centroamericano de 6,5 millones de habitantes irá a comicios presidenciales y parlamentarios el próximo 7 de noviembre, y se descuenta que el presidente Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, buscará un cuarto mandato consecutivo.
“No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los derechos humanos de todos los candidatos y votantes”, dijo Albrunori.
Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997), es una destacada opositora, preside una fundación con el nombre de su madre que promueve derechos civiles y políticos, y es vicepresidenta de un diario referente en el país, La Prensa.
Lawlor sostuvo que hay crecientes ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua, y destacó los casos de la activista trans Celia Cruz y el también activista humanitario y líder estudiantil John Christopher Cerna Zúñiga.
Cruz fue detenida el 21 de abril de 2020 tras una serie incidentes con las fuerzas de seguridad, y la relatora destacó que, pese a su identidad de género, fue encarcelada en una prisión para hombres y expuesta a agresiones sexuales y violencia verbal, hasta su liberación un año después, el pasado 25 de abril.
Cerna fue detenido el 20 de febrero de 2020 y sentenciado a 12 años de prisión por “un delito relacionado con el tráfico de estupefacientes”, aunque el activista sostiene que se relacionó con su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Según Lawlor, durante su estancia en prisión ambos habrían sufrido malos tratos, agresiones físicas, verbales y sexuales, falta de acceso a medicamentos y servicios médicos básicos, y reclusión en celdas de máxima seguridad con mayor vigilancia, registros y aislamiento.
La relatora sostuvo que cada 18 de abril, desde que ese día de 2018 se iniciaron protestas por modificaciones al sistema de seguridad social –y las cuales dejaron más de 300 muertos-, se ha convertido en un punto álgido de las manifestaciones, lo que coincide con un aumento de la represión.
“La labor de las personas defensoras es más esencial que nunca. Su papel en la protección de los derechos humanos y la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado”, recalcó Lawlor.
Albrunori consideró que las medidas contra Chamorro “unidas a la disolución de los partidos políticos, a los ataques continuados a la prensa y a la persecución penal a los integrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, describen un escenario sombrío para los derechos humanos”.
Reiteró la petición de Acnudh al gobierno para que “garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas, y que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil”.
Desde la oenegé de derechos humanos Human Rights Watch, basada en Nueva York, su director regional José Miguel Vivanco consideró que la detención de Chamorro “es un golpe para cualquier esperanza de elecciones justas en Nicaragua”.
También la consideró “una prueba crítica para determinar si el gobierno de (el presidente de Estados Unidos, Joe) Biden puede ayudar a proteger los derechos humanos y la democracia en la región”.
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