El empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en el 'caso Azud', invirtió en plena burbuja inmobiliaria en la Riviera Maya mexicana. Su empresa Construcciones Valencia Constitución SL ostentaba el 33% de la propiedad de una firma dedicada al sector inmobiliario en Playa del Carmen, una ciudad del municipio de Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo de México. La 'ventana de oportunidad' de la paradisíaca zona no era desconocida para un sector del empresariado valenciano y, de hecho, Bancaja y la CAM llevaron a cabo inversiones en Playa del Carmen.
A pesar de centrar su actividad en proyectos urbanísticos a lo largo de todo el territorio valenciano, Febrer y su socio Vicente Hermosilla también dirigieron sus ingentes inversiones hacia la Riviera Maya mexicana con una empresa dedicada a la construcción y a la promoción inmobiliaria, cuyo representante legal era Pablo Adrián Galeotti, socio del despacho DG&H fundado en Cancún.
El resto de inversionistas en la firma también eran de origen español. Febrer y Hermosilla, ambos investigados en la causa, adquirieron la firma, con un capital de tres millones de euros, en 2008. En 2009, la mercantil mexicana redujo drásticamente su capital hasta los 100.000 euros. Del tercio de la empresa de la que era propietaria la matriz española Construcciones Valencia Constitución SL, Febrer tenía una participación del 19,47% y su socio un 13,20%. Esther Febrer Roselló, por su parte, poseía el 0,11%.
Playa del Carmen es uno de los destinos más visitados de la Riviera Maya mexicana. La firma que mantenían ambos imputados en México es la única participada en el extranjero de su constructora valenciana. En otra empresa mexicana de capital español, con un nombre prácticamente idéntico y domiciliada en la misma dirección, figura como representante legal el empresario de Barcelona V.B.C.
El promotor Jaime Febrer se ha convertido en uno de los vértices del 'caso Azud' y su agenda, intervenida por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los registros, recoge citas con cargos públicos del PP y del PSPV-PSOE así como supuesto apuntes contables de mordidas. Los investigadores analizan ahora la ingente documentación intervenida (sólo en esta segunda fase se han llevado a cabo 46 registros en sedes de empresas, despachos y domicilios particulares en Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid) y han tramitado comisiones rogatorias al extranjero para rastrear supuestos fondos de la trama expatriados.
Este martes, los agentes de la UCO han registrado las dependencias de los Servicios Económicos de la Intervención del Ayuntamiento de Valencia, en el edificio principal del consistorio.
Los investigadores, tal como ha informado este diario, registraron este lunes varias dependencias del ayuntamiento buscando expedientes en los departamentos de Desarrollo Urbano, Patrimonio, Servicios Sociales, Ciclo Integral del Agua e Intervención, sobre diversas adjudicaciones realizadas durante dos mandatos de Rita Barberá en los que Alfonso Grau fue su número dos y responsable de grandes proyectos y de las actuaciones del Parque Central y de la prolongación de Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal.
La causa, bajo secreto de sumario, suma medio centenar de imputados e investiga los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.
