Su nombre es desconocido para la inmensa mayoría de los españoles. Pero Brahim Ghali nació en 1949 en un territorio bajo dominio español, en la ciudad de Smara, en el Sáhara Occidental. Incluso fue soldado en una unidad dependiente del Ejército español, las Tropas Nómadas. Cofundador del Frente Polisario, que lucha por liberar esa zona anexionada de forma unilateral por Marruecos en 1975 y lograr su independencia, hoy es el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el exilio, que mantiene un largo y desigual conflicto armado con Marruecos por recuperar el que consideran su país.
El pasado mes de abril, Ghali fue trasladado desde la capital saharaui en el exilio argelino, en Tinduf, a Argel. Pocos días después fue introducido en un avión medicalizado con destino a España. Permanece ingresado en un hospital de La Rioja desde hace casi un mes. Y aunque oficialmente nadie lo ha admitido, su presencia en España es uno de los motivos detrás de la crisis migratoria que ha estallado en Ceuta en las últimas horas.
"Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir", ha señalado este martes la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, poco después de ser convocada por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para exigirle explicaciones por la permisividad de las autoridades fronterizas marroquíes que explican que 6.000 personas pudieran cruzar de país en pocas horas, muchos de los cuales son menores. Hay "actitudes que no se pueden aceptar", continuaba la embajadora, según recogía la agencia Europa Press. Benyaich apelaba a "la confianza mutua, que se tiene que trabajar y nutrir".
Entre esos "actos" o "actuaciones" está la decisión del Gobierno de España de acoger a Ghali para recibir tratamiento tras contraer la Covid-19. Una iniciativa de la que no fue informada en ningún momento el socio menor de la coalición, Unidas Podemos, y que acabó filtrándose a un medio francés. La noticia fue recogida después por los medios. Fuentes de Unidas Podemos señalan su enfado por la actitud del PSOE, que ha empezado a compartir información con su aliado este mismo martes. De hecho, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, forma parte del "comité de situación" puesto en marcha por el Gobierno y que se ha reunido por primera vez esta misma tarde bajo la presidencia de Carmen Calvo ya que Sánchez ha viajado a Ceuta.
Marruecos ya advirtió a principios de mayo de las consecuencias de que España hubiera acogido a Ghali sin haber, supuestamente, avisado de sus intenciones al país norteafricano. Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez aseguró cuando se filtró la información que su actuación responde a "razones estrictamente humanitarias, para que pudiese recibir asistencia sanitaria", poco después Marruecos elevaba la presión al advertir directamente de que se trataba de una "decisión soberana de España" de la que tomaban nota y que tendría "todas las consecuencias".
Ghali llegó a España con una identidad falsa. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que Fernando Grande-Marlaska se posicionó varias veces en contra de su acogida sin que fuera escuchado, informa Pedro Águeda. Tampoco el Gobierno autonómico de La Rioja fue informado oficialmente de la presencia del dirigente saharaui en uno de los hospitales que gestiona, informa Irene Castro.
Marruecos también ha aludido a la inacción de los tribunales españoles como motivo de su enfado. Y es que la figura de Ghali no está exenta de polémica. Además de presidente de la RADS es también secretario general del Frente Polisario, la organización que lidera desde 1973 los anhelos soberanistas del pueblo saharaui. Casi cuatro décadas después, no son pocas las denuncias contra dirigentes del Frente por nepotismo, corrupción, terrorismo o, directamente, delitos de tortura contra supuestos disidentes de la causa o críticos con su política.
Y la Audiencia Nacional investiga algunas de estas denuncias. Ghali tiene dos causas abiertas en este tribunal por supuestas torturas contra población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia) y que instruye el juez Santiago Pedraz, confirman a elDiario.es fuentes del tribunal. En virtud de una de ellas, iniciada por una querella del activista saharaui de nacionalidad española Fadel Mihdi Breica, está citado a declarar como imputado el 1 de junio. La otra línea de investigación deriva de una antigua querella de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) también por el trato sufrido en Tinduf. Esta causa fue reabierta este martes, si bien el magistrado no ha adoptado medidas cautelares contra el dirigente saharaui al considerar que "no hay indicios claros" de su participación en los hechos denunciados.
Ambas pesquisas se han reactivado ahora, cuando los querellantes alertaron al juez de que el líder del Frente Polisario estaba hospitalizado en Logroño con el nombre falso de Mohamed Benbatouche y el magistrado ordenó a la Policía su identificación.
No obstante, Ghali ya estaba siendo investigado desde enero de este año por el juez Pedraz, que aceptó el recurso de Breica y reabrió la investigación que había cerrado en octubre de 2020 su predecesor José de la Mata después de que la Policía constatara que ni el jefe del Frente Polisario ni el resto de querellados tenían nacionalidad española ni residían en España. Pedraz, a petición del activista, ordenó "investigar a fondo" este extremo y acordó citar como investigadas a cinco personas los días 5 y 7 de mayo, entre las que no estaba Ghali, citado para el 1 de junio.
En su querella, presentada en agosto de 2020 y a la que ha tenido acceso Europa Press, Breica acusa a Ghali y otros líderes de detención ilegal, torturas y lesa humanidad, y afirma que en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor. Tras organizar varios actos contrarios a la línea oficial del Polisario y tras convocar una manifestación, asegura que fue apresado por los militares y trasladado a centros de detención indeterminados. Durante ese periodo, dice en la querella, fue sometido a golpes, descargas eléctricas y se le mantuvo con los ojos vendados y con los pies y manos atados.
De forma paralela, el magistrado ha acordado, con el visto bueno de la Fiscalía, reabrir la segunda causa contra Ghali tras el escrito que la ASADEDH presentó en abril alertando de su presencia en España. En el auto, el juez afirma que, si bien estas diligencias contra él y otros dirigentes del Frente Polisario se abrieron en 2017, su predecesor De la Mata acordó en octubre de 2020 su sobreseimiento provisional hasta que se recibiera cumplimentada una Comisión Rogatoria por parte de Argelia sobre los querellados y sostiene que se puede reabrir ahora que se ha identificado a uno de ellos.
La ASADEDH se querelló contra Ghali y otras 27 personas por el trato sufrido en Tinduf y por supuestamente retener contra su voluntad a miles de saharauis en los campamentos situados en Argelia. La querella también reflejaba casos concretos como el de una mujer cuyo padre sufrió graves secuelas por las torturas sufridas tras años encarcelado, informa Europa Press. Pedraz, no obstante, ha rechazado imponer al líder del Polisario medidas cautelares "máxime cuando no hay indicios claros de participación en las conductas recogidas en la querella".
Además, el pasado 6 de mayo 13 asociaciones —entre ellas la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite)— solicitaron en un comunicado a la Justicia española que se aprovechara la presencia de Ghali en España para que responda ante la Audiencia Nacional por los supuestos 300 atentados terroristas contra trabajadores de la empresa minera de fosfatos FossBucrá y pescadores canarios que le atribuyen estos colectivos. Según estas asociaciones, esos supuestos atentados se habrían cometido bajo su mandato como presidente y ministro del Frente Polisario, en los años setenta y ochenta en el antiguo Sáhara español.
