Al filo de las 12 de la mañana de este martes, las puertas del cementerio vigués de Pereiró se abrieron para dar paso a la comitiva encargada de exhumar el cuerpo de Déborah Fernández, fallecida hace 19 años. En el acto estuvieron presentes los forenses del Imelga (entre ellos Fernando Serrulla, de la Unidad de Antropología Forense de Verín), la secretaria del juzgado de Tui que se encarga de la instrucción del caso, investigadores de la Policía Nacional, forenses propuestos por la acusación particular y la propia familia de Déborah. Los restos de la joven fueron trasladados del cementerio a una empresa fúnebre, de donde pasarán al hospital Meixoeiro de Vigo para unas primeras pruebas y, finalmente, al hospital Nicolás Peña, también en la ciudad olívica.
El objetivo es descubrir si bajo las uñas de la viguesa hay ADN de la persona que acabó con su vida, aunque los abogados de los Fernández se muestran cautos. Es posible, indicó el letrado Ignacio Amoedo, que «tantísimos años después» los restos no estén en condiciones para obtener información relevante, reconoció minutos después del duro trance para lamentar que hayan tenido que pasar casi dos décadas para que el cuerpo de Déborah sea revisado con minuciosidad. «Es lamentable que esto se esté haciendo en 2021, cuando tenía que haberse hecho en 2002. Si estamos ahora aquí es porque se han hecho mal las cosas, y a lo mejor ahora ya no hay solución», se quejó ante los medios en declaraciones recogidas por Europa Press.
Sobre lo que se espera de esta prueba, solicitada por la familia a la juez de instrucción, el criminólogo Óscar Tarruella, perito de la familia, señaló que se hará un estudio concienzudo de los restos tanto por parte de los forenses del Imelga, como del experto contratado por la familia, Aitor Courel. «La de hoy es una jornada dura pero necesaria, y es el reconocimiento de que hubo un error institucional que debe ser reparado», manifestó al hilo de las declaraciones del abogado. Acerca del momento en el que se encuentra la investigación, a un año de que el caso prescriba, el criminólogo. Además, reveló que tanto el análisis de los restos de la joven como del disco duro de su ordenador de mesa —al que la Guardia Civil no pudo acceder— «junto con otras piezas del puzzle» permitirán «dar caza al asesino» de la joven. «Estamos cerca, si yo fuera esa persona, de la que ha sospechado siempre la Policía, no estaría tranquilo», aseveró sin atisbo de duda Tarruella, estrecho colaborador de la familia en el último tramo de las pesquisas. Al respecto, Tarruella mostró su esperanza de que el avance de la ciencia y la tecnología permitan obtener información adicional para este caso, e incluso que, si hay restos de ADN, se puedan cotejar con muestras indubitadas que fueron extraídas en el marco de la investigación.
Después de una errática instrucción con hasta siete jueces al frente, tres fiscales distintos y varios equipos de investigadores que en algunos casos no cosecharon ningún avance, la familia de la fallecida reconoció ayer que el papel de los medios ha sido fundamental para que el caso se reabriese en 2019 y acelerase el ritmo. «Si no llega a ser por la presión mediática, no hubiéramos llegado hasta aquí»,
reconoció Rosa Fernández a las puertas del cementerio y antes de lanzar una dura afirmación que da cuenta de este viacrucis judicial: «Parece mentira que tengamos que vender nuestra piel al diablo», sentenció sobre cómo se ha llevado el caso por la muerte de su hermana, asfixiada hasta la muerte según el informe de un reputado forense.
Descartada la hipótesis de la muerte súbita, que paralizó las indagaciones durante años, y con el análisis del cuerpo y del ordenador de Déborah ya en marcha, el tiempo corre para los Fernández. «Tenemos un año por delante, hay que seguir luchando, tenemos que agarrarnos a la esperanza», indicaron en referencia al plazo de prescripción de este caso, que finaliza en 2022. No obstante, y con independencia de lo que se logre en los próximos meses, los Fernández garantizan que no tirarán la toalla hasta que se haga justicia y den con la persona que le robó la vida a su hermana cuando solo tenía 21 años. «Seguiremos luchando más allá del plazo de prescripción», mantienen.
