Operarios municipales han tapiado esta mañana las puertas y ventanas del Bar Citroen, en la avenida de Isabel la Católica, para evitar que entren okupas en este local propiedad del Ayuntamiento que cerró el mes pasado tras 92 años de servicio en el acceso del parque de María Luisa. El conocido establecimiento hostelero, que abrió hace 92 años con motivo de la inauguración de la Exposición Iberoamericana, ha clausurado sus puertas tras recuperar el Ayuntamiento la concesión.
El Bar Citroen ha sido un clásico en Sevilla, hasta el punto de que han colocado un crespón negro en la fachada por el cierre, mientras los carteles con la carta de comidas y bebidas continúan en la zona de veladores.
El local lo ha gestionado la familia González desde el comienzo, cuyo trabajo logró que el bar haya sido un punto de encuentro en la ciudad tanto para sevillanos como para turistas, ya que está situado en un lugar emblemático y justo donde parten los autobuses turísticos.
El pasado mes de abril falleció Benito González Yañez, el propietario y nieto del fundador del negocio, Benito González García. Todos los miembros de la familia han trabajado detrás de la barra del mítico establecimiento durante los casi cien años que ha estado abierto al público, «desde la Expo de 1929 hasta la pandemia en 2021», señalaba la familia González en un comunicado.
Durante años, los González han litigado contra el Ayuntamiento de Sevilla por la concesión administrativa del local. El Consistorio intentó recuperar el establecimiento pero una sentencia en 2018 dio la razón a los propietarios y permitió que mantuvieran la concesión, aunque con un contrato de arrendamiento. Por ello, si el Ayuntamiento quería extinguir esta relación debía convertir previamente la misma en una concesión, para luego poder aplicar a este establecimiento el régimen de extinción de las concesiones.
Así, a comienzos de 2021, el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación interpuesto por los gestores del bar, de titularidad municipal, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que revocó el fallo inicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Sevilla y avaló la extinción decidida por el Ayuntamiento hispalense respecto a la explotación del local. Los servicios jurídicos municipales estimaron iniciar un procedimiento de reclamación de daños causados al Ayuntamiento por el periodo transcurrido entre la extinción de la concesión en 2016 y la resolución definitiva por parte del Tribunal Supremo. Esa reclamación se ejecutaría a través de la garantía depositada por el recurrente. El Consistorio anunció entonces que iniciaba el procedimiento para la concesión con una convocatoria con libre concurrencia de la explotación a la que podrían presentarse tanto la familia que explotaba el local como otras personas o empresas.
Fue entonces cuando la familia, junto a los diez empleados del bar Citroen, han dado por cerrado el servicio que pasará a la historia de Sevilla mientras el Ayuntamiento no vuelva a poner en marcha una nueva concesión.
