Nueva Constitución y derecho a la inmigración
Muchos coinciden en señalar que uno de los resultados más claros de la elección para determinar quiénes serán los llamados a redactar la nueva constitución es el fin de la política tradicional. Es esperable que estos ciudadanos, donde destacan numéricamente independientes y partidos de izquierda tradicionalmente excluidos o con poca representación, puedan darle contenido a aquellas demandas que hace ya bastante tiempo se han hecho sentir tanto en la movilización, como en las redes sociales y en otros espacios de participación.
Probablemente una dimensión a la que poca referencia se hace en los debates sobre los contenidos de la nueva constitución sea la cuestión de la inmigración. Y es que comúnmente se piensa que los inmigrantes no son necesariamente miembros de la comunidad política. De hecho, la justificación tradicional liberal de la apertura de fronteras a inmigrantes tiene que ver con que esta podría ser beneficiosa para el país por diversas razones: atender cuestiones demográficas, ventajas comerciales, intercambio cultural, aumento de la fuerza laboral, entre otras. Ciertamente, este paradigma de entender el valor de la inmigración desde la perspectiva del interés nacional impide comprenderla como un derecho de los seres humanos.
Para contribuir en esta discusión propongo pensar la inmigración a partir de un modelo cosmopolita. Según esta perspectiva, desde un concepto de solidaridad es posible re-imaginar y ampliar los límites de la comunidad política. Existen hechos empíricos que permiten concebir esta posibilidad. En el contexto de globalización actual, no es difícil asumir que todos somos potenciales inmigrantes. Existen muchos factores que nos pueden llevar a necesitar/querer inmigrar de forma temporal o permanente: cuestiones económicas, políticas, educativas, motivos familiares, etc. Reconocer esta condición permite ampliar y reconfigurar la dicotomía entre el “nosotros” y el “ellos”. Y esa transformación permite también generar la solidaridad para sustentar normativamente el derecho a la inmigración. En otras palabras, la solidaridad, como aquella posibilidad de ponerme en el lugar del otro y de entender que el destino de los seres humanos se encuentra entrelazado, puede ser una buena razón para sustentar este derecho.
Ciertamente, puede que esta propuesta parezca utópica. Sin embargo, solo hace algunos años también era utópico pensar en el fin de un orden social fundado en principios neoliberales. El estallido social fue un acontecimiento que removió esos fundamentos y muestra que es posible avanzar desde otros principios. Es esperable que la diversidad e independencia de muchos constituyentes frente a los tradicionales partidos del orden los pueda llevar a explorar libremente estas posibilidades.
David Martínez R.
Académico – Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de O’Higgins.
PhD. Universidad de Sussex