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Ya se lo dijo en persona tras acabar el pleno, y ayer el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, lo reiteró públicamente. «Falta de rigor» es de lo que adoleció el informe del Procurador del Común con las quejas ciudadanas de 2020, en el que el Covid-19 marcó las reclamaciones, entre ellas las de las residencias de ancianos, que sirvieron de munición a la oposición para atacar al Gobierno regional y alimentó el malestar del Ejecutivo. Según Igea, lo expresado por el homólogo al Defensor del Pueblo en la Comunidad, Tomás Quintana López, apuntando a que no se derivó a mayores a los hospitales en los momentos de mayor saturación y eso se tradujo en mayor mortalidad fue una «opinión de una persona». De ahí que censurase su «falta de rigor».
«Le contesté que no era la molestia lo que nos preocupaba», pues «es nuestra obligación», sino que sus declaraciones no las sostuviese con datos», explicó Igea de la conversación con Quintana en el propio hemiciclo. «No hay números que lo sustenten», censuró ayer procurando tener, dijo, «la tranquilidad y respeto que merece» la institución. «No hay evidencia que sustente una afirmación de tal magnitud», recriminó el vicepresidente de las palabras del Procurador del Común, quien apuntó que desde la «percepción de los hechos» sustraída por la institución que encabeza «se llegaron a limitar derivaciones» ante el «colapso» sanitario y eso «posiblemente» contribuya a explicar «la morbilidad, mortalidad y letalidad» en los geriátricos en los primeros meses de la pandemia.
Afirmaciones carentes de datos, reprochó Igea, pese a que «es lo que uno espera de un informe: números, datos, no opiniones». Cifras que, recordó, arrojan 1.812 mayores procedentes de residencias con positivo en Covid-19 que han fallecido en un hospital durante esta pandemia y otros 1.145 en los propios geriátricos. Y son datos que se han remitido a la Fiscalía, recordó, y «todos» los casos en los que se han abierto procedimientos se han cerrado, «incluso» de residencias que llegaron a ser intervenidas por la Junta. «Todos se han sobreseído», recalcó el portavoz.
«He de decir que me sorprende desagradablemente que en una cosa tan seria como el informe del Procurador del Común se dé una opinión que es un comentario de un comentario», reconoció Igea. «Eso no es lo que uno espera encontrar en una institución tan seria y tan respetada como el Procurador del Común», añadió.
«Usar el dolor»
Además, el vicepresidente, quien afirmó que están «deseando acudir» a la comisión de investigación sobre la gestión del coronavirus en los geriátricos de la Comunidad solicitada por la oposición en las Cortes, incidió en que es «urgente» hacerlo sobre lo sucedido al respecto en «toda España». «Es importante aprender de los errores, pero no utilizar el dolor de las familias como instrumento político», advirtió. Y espetó que «esta situación» únicamente se da en Castilla y León, pues en otras como Castilla-La Mancha, Aragón o Comunidad Valenciana, «los mismos» que aquí lo reclaman, «lo rechazan», en alusión a PSOE y Podemos. «Es desagradable ver la manera que tienen algunas personas de entender la política, con una utilización sectaria de esta tragedia. Es lo más deleznable, rastrero y vomitivo que he visto en mi vida», espetó Igea.
Mientras, desde el PSOE, su secretaria de Organización en Castilla y León, Ana Sánchez, advirtió ayer desde Madrid de que su partido no renunciará a velar por la dignidad de los que se fueron, más de 4.000 fallecidos en esta pandemia, la mayoría, en las residencias, ante un presidente que «miente por encima de sus posibilidades, y un portavoz que está en el sálvese quien pueda», informa Ical.
