El alcalde socialista de Quintanar del Rey, Martín Cebrián López, se encuentra imputado por prevaricación, al igual que dos de sus concejales, al haber prosperado una querella presentada por el Partido Popular de la localidad. Los populares han informado a los quintanareños, a través de un comunicado, de que querrían haber podido evitar recurrir a los tribunales, pero que «no nos ha quedado más remedio que hacerlo puesto que una parte importante de nuestra labor es impedir que haya actuaciones por parte del actual Equipo de Gobierno que, como en este caso, se salten toda la normativa legal de la Ley de Contratos del Sector Público».
Los populares explican que «es la tónica habitual del alcalde y sus concejales, en lo que a contratación se refiere, prescindir de los cauces y procedimientos legalmente establecidos, aprobando facturas en todas las Juntas de Gobierno con informes en contra de Intervención». El caso de la adaptación del Pabellón de Santa Lucía como Auditorio «ha sido la gota que ha colmado el vaso», añade el PP quintanareño, ya que «se trata de una licitación pública en la que el alcalde se ha saltado toda la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público, ley que entró en vigor hace tres años para adaptar las directivas de la Unión Europea, en aras de una mayor transparencia».
Detalla el comunicado que,, en el pleno del 3 de diciembre del año pasado, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento «le expuso esta circunstancia al alcalde. Martín Cebrián llegaba incluso a reconocer la mala praxis en su actuación y argumentaba que el responsable era él». A juicio del PP, resulta «muy grave» que el propio alcalde, conciba que «saltarse toda la Ley de Contratos del Sector Público, a la que está obligado, solamente constituye un problema administrativo».
Como no podía ser de otra manera, el portavoz popular advertía en ese pleno de diciembre al alcalde y su equipo de concejales de dos cuestiones. La primera que «el PP no podía pasar por alto estos hechos porque se convertiría en cómplices de una actuación delictiva e incurriría en dejación de funciones en su labor de fiscalización del gobierno» y, en segundo lugar, «que, puesto que el alcalde había asumido la culpabilidad en las decisiones en este asunto, tenía que dimitir. Si no lo hacía, arrastraría a dos de sus compañeros en esta querella por prevaricación, compañeros que, por otra parte, eran conscientes de que aprobando esa actuación sabían que cometían una ilegalidad».
El alcalde hizo caso omiso al ruego del portavoz del PP y cerraba el asunto emplazando a los tribunales a que decidieran. «Este será el caso, puesto que se admitió a trámite nuestra querella y el alcalde y sus dos concejales se encuentran investigados».
«Desde el PP de Quintanar seguiremos ejerciendo nuestra labor con la mayor diligencia posible y no permitiremos que este tipo de acciones que se han perpetuado en el tiempo, en la forma de gobernar nuestro Ayuntamiento, se sigan cometiendo. Velaremos por los intereses de todos los vecinos para que, desde el Consistorio, todas sus actuaciones se acometan dentro de los principios de transparencia y legalidad», concluye el comunicado.
