La reivindicación de una buena parte de la carrera judicial para que los doce vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por sus propios compañeros no es nueva, aunque ha tenido que llegar a Europa para empezar a tener repercusión dentro de nuestras fronteras. En su carta a la Comisión Europea, 2.500 togados de tres asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) alertaron a la UE de la posible violación del Estado de Derecho en España y el atentado contra la independencia del Poder Judicial y su órgano de gobierno con la puesta en marcha de la reforma que le impide hacer nombramientos estando en funciones. Consideran que el origen del intento de politización de la Justicia está precisamente en los cimientos del edificio: la forma en la que se nombran a esos doce vocales jueces (los otros ocho son juristas). Creen que si las manos de los políticos quedaran fuera de este órgano no se estaría produciendo el reparto tan descarado de sillas que ha frustrado las negociaciones hasta en tres ocasiones en el último año y medio.
Solo en el primer CGPJ –el que comenzó su andadura en 1981– los vocales de procedencia judicial fueron nombrados por sus compañeros. A partir de la reforma de la Ley Orgánica de 1985 se impuso el sistema parlamentario en esta elección. Han pasado 35 años desde entonces y aunque ha habido oportunidades para modificar este sistema y dejar la elección en manos de la carrera, la realidad es que no se ha hecho y es ahora, con la propuesta del PP, cuando se retoma el debate.
Desde el Ejecutivo no comparten este sistema de elección.De ahí que el acuerdo no vaya a ser fácil si las posturas se enrocan. El ministro de Justicia siempre ha defendido el sistema de elección parlamentaria, si bien es partidario del que se instauró con el Pacto por la Justicia (Gobierno-PP) en 2001 y no del actual, en el que bastan 25 avales para que cualquier juez pueda presentarse aunque no tenga un apoyo contundente de la carrera.
En aquella reforma legal se especificó un nuevo modelo de elección del Consejo que pasaba por que 12 de los 20 vocales fueran propuestos de entre los jueces y magistrados de todas las categorías por las Cortes por una mayoría de tres quintos. La selección de los 12 se hacía sobre una preselección de 36 propuestos por las asociaciones judiciales o por un número de jueces y magistrados que representara, al menos, el dos por ciento de los que se encontraran en servicio activo. El número de avales era, por tanto, y a diferencia de lo que sucede ahora, significativo, por lo que se presumía el respaldo de la carrera. Se preveía además que esa elección se ajustara «a criterios estrictos de proporcionalidad» entre los afiliados de cada asociación y los no afiliados, que representan un poco menos de la mitad de la carrera.
