El Gobierno busca que las cifras del paro no se disparen y tiene decidido proponer a la CEOE y a los sindicatos mantener la prohibición de los despidos para las empresas a cambio de prorrogar los ERTE hasta finales de año.
Después de que el Ejecutivo haya renovado las principales medidas del escudo social en materia de vivienda y suministros, le toca el turno a los ERTE y las ayudas para trabajadores autónomos.
Los negociadores de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social han convocado este jueves a la patronal y los sindicatos para reanudar las negociaciones y prorrogar los incentivos a los expedientes temporales más allá del 31 de mayo (fecha de actual vencimiento).
Unos 665.000 trabajadores actualmente en ERTE dependen directamente de la renovación de este mecanismo de protección social.
El Gobierno ya se ha comprometido, tanto públicamente, como por escrito ante la Unión Europea, a alargar este mecanismo de protección todo lo que resta de ejercicio, aunque queda pendiente definir el cómo.
Miembros del Ejecutivo como José Luís Escrivá o la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, se han posicionado a favor de introducir cambios en el sistema de incentivos, premiando más a aquellas empresas con posibilidad de reactivar a trabajadores del ERTE.
Mientras, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y los agentes sociales son más proclives a mantener sin apenas cambios el actual modelo.
En la anterior prórroga se optó por un periodo de cuatro meses y hasta ahora ese ha sido el formato predominante. Cuando las partes abordaron esta cuestión a finales de enero, en la primera reunión consiguieron preacordar la nueva fecha. Si se siguiera el mismo esquema, la nueva prolongación llegaría hasta el 30 de septiembre.
Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la propuesta del Gobierno, el Ministerio de Trabajo va a ofrecer a los agentes sociales prorrogar los ERTE hasta 2022, como vienen reclamando la CEOE y los sindicatos, a cambio de mantener la prohibición de despedir para las empresas.
Esta clausula lleva un año impidiendo a las empresas que se encuentran en ERTE despedir a trabajadores durante los seis meses posteriores a la finalización del mismo. La patronal quiere eliminar esta cláusula, las organizaciones sindicales abogan por mantenerla y hasta ahora el Gobierno la ha ido prorrogando.
El objetivo ahora del Ministerio de Trabajo es evitar que el desempleo se dispare en los próximos meses, cuando ya hay planteados este año decenas de miles de despidos en sectores como la banca, el comercio o el automóvil.
Otro de los escollos de la negociación que arranca este jueves se encuentra en el esquema de incentivos. El Gobierno ha tratado de implantar un sistema que conceda más ayudas a las empresas por sus trabajadores en activo y menos para los suspendidos.
Un planteamiento que no gusta a patronales y sindicatos, que prefieren centrar los recursos en dar más ayudas a las empresas que, o bien tengan a todos sus trabajadores en ERTE, o bien tengan a parte de su plantilla, pero siempre primando las suspensiones.
