En un escenario político marcado por la polarización y el enfrentamiento entre bloques, el de la izquierda ostenta el poder en el Gobierno central, en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Valencia. Una oportunidad histórica para resolver la principal reivindicación y el gran problema del pueblo valenciano: la finaciación autonómica.
No hay informe, ni experto, ni dirigente político que niegue con los datos en la mano que los valencianos son los habitantes de España a los que el Estado destina menos dinero para sufragar los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, bienestar social y dependencia. Lo más importante para esas personas para las que la izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos) dice gobernar.
La Moncloa ha decidido que los valencianos todavía pueden esperar a que alguien les repare el agravio histórico que sufren con la financiación autonómica con el respaldo de Podemos y la aquiescencia de Compromís. En 2022 hablaremos, ha venido a decir el Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios de investidura y compañeros en la Generalitat. A estas horas todavía estamos a la espera de la que vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, monte el pollo o luzca alguna camiseta reivindicativa.
El mismo Gobierno que ha metido la financiación autonómica en un cajón a la espera de tiempos mejores ha abierto el de la guerra del agua. Los socialistas, con la vicepresidenta Teresa Ribera a la cabeza, han decidido que hay que recortar los aportes hídricos del trasvase del Tajo al Segura. Todo un golpe de incalculables consecuencias para la economía de la provincia de Alicante en general y de su sector agroalimentario en particular. Por mucho que se empeñe el presidente de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, no habrá «agua para siempre» con un trasvase de saldo como, al igual que sucede con la financiación, planean sus compañeros de partido desde un Ministerio en Madrid.
Imagen del presidente de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig
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EFE
Sin garantizar el dinero necesario para atender los servicios públicos de los valencianos con la misma dignidad que los de un cántabro o un madrileño y sin asegurar el agua que los regantes y empresarios alicantinos convierten en generación de riqueza y empleo, la izquierda ha puesto en su punto de mira el principal polo económico de la autonomía.
«La derecha debería convencer a los valencianos de que tiene alternativas para solucionar sus problemas o para no crearlos donde no los hay»
Con un sistema financiero difunto y con una feria de muestras arruinada y en quiebra técnica, Compromís y Podemos quieren poner palos en la rueda al crecimiento del puerto de Valencia en contra de sus socios del PSOE.
La polarización y la pugna entre los extremos no es un fénomeno exclusivo entre la izquierda y la derecha. A la izquierda no le hace falta la derecha para el enfrentamiento. Se pelean entre ellos. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es socialista. Al igual que el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo. Lo mismo vale para el presidente del puerto de Valencia, Aurelio Martínez. Y qué decir del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Todos respaldan la ampliación. Compromís y Podemos la rechazan. Por cosas como estas y por otras muchas más (que se lo cuenten a Sandra Gómez y su relación con Joan Ribó) Ximo Puig anheló en su día un pacto con Ciudadanos, primero con Carolina Punset y luego con Toni Cantó, para el que no le salieron los números. Y ha tenido que tragar con Compromís y Podemos como socios.
Sin finaciación y sin agua, la puntilla final pasaría por ahogar al puerto de Valencia. Frente a este escenario, la derecha debería convencer a los valencianos de que tiene alternativas para solucionar sus problemas o para no crearlos donde no los hay. Y si llega el caso y gobierna, demostrarlo.
