Entre Presidencia del Gobierno, vicepresidencias, ministros y altos cargos de relevancia, el Ejecutivo suma ya más de trescientas solicitudes de comparecencias parlamentarias pendientes de celebración en el Congreso. Con la coartada de la pandemia y de las cargadas agendas de cada uno de ellos, los grupos de la oposición ven caer una y otra vez en saco roto sus solicitudes para poder fiscalizar la acción del Ejecutivo. Transcurren los meses y este ejercicio de filibusterismo parlamentario se ha convertido en una anormal normalidad con la que Pedro Sánchez, y el gabinete más poblado de la democracia en número de altos cargos y asesores, ningunea a la Cámara Baja.
Este desprecio a la democracia es solo un ejemplo más de que el eje principal de su ‘plan para España’ -así lo definió Pedro Sánchez durante su discurso de investidura- consiste en disolver la separación de poderes consagrada en la Constitución. Su objetivo es crear un magma institucional difuso en el que se confundan la labor del Parlamento, y también de los Juzgados y Tribunales, de modo que ambos poderes queden subordinados a la voluntad expresa del Gobierno. Así, la libertad de movimientos del poder legislativo y del judicial, su autonomía para ejercer su función de control del Gobierno, queda sojuzgada por la voluntad del Ejecutivo de erigirse en un suprapoder respecto a los otros dos. Es una forma más de amordazar a la oposición, de no dar explicaciones públicas y transparentes en la sede de la soberanía nacional, y de evitar un mayor desgaste político. Todo el tiempo, el esfuerzo y el dinero público que el Gobierno invierte en sus operaciones de propaganda se lo niega a la oposición para impedirle ejercer una función esencial. No dar explicaciones y dejar en el aire cientos de comparecencias no es una opción. Solo ocurre en democracias decadentes que poco a poco incurren en conductas autoritarias hasta que pierden su razón de ser.
Además, lo que hace el Gobierno ignorando los requerimientos de la oposición es una vulneración flagrante de la ley. El Ejecutivo tiene la obligación jurídica de comparecer y no diluir sus responsabilidades, y aunque solo fuera por una mera cuestión de cortesía parlamentaria, está forzado a hacerlo. Gobernar mayoritariamente por decreto, tramitar leyes con urgencia y sin el habitual trámite de dar voz a los colectivos afectados, o ampararse en la excepcionalidad de un estado de alarma vigente durante meses para sus maniobras legislativas, son prácticas que degradan el normal desenvolvimiento del Parlamento. Ahora, esa degradación se agrava aún más dejando caer las hojas del calendario sin atender cientos de comparecencias.
Lo grave es que a Pedro Sánchez le da igual. Por eso es imprescindible denunciar este tipo de conductas. Es su modo de maniatar a las instituciones. Lo ha hecho con los jueces una vez que tomó conciencia de que no podía proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial a capricho e imponer una mayoría de izquierdas a su gusto. Despechado, Sánchez planteó un chantaje al poder judicial y aprobó una reforma que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nuevos nombramientos mientras permanezca en prórroga. Hoy es Europa quien ya ha tomado nota porque más de 2.500 jueces, casi la mitad de la carrera, están denunciando el abuso y reclamando que la Comisión frene a Sánchez. El riesgo de que ocurra algo similar con el Congreso de los Diputados aumenta. La deriva es preocupante.
