La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, asegura que entiende "que las empresas y las personas que lo están pasando mal quieran y pidan más ayudas", pero defiende que "el Gobierno actuó con rapidez desde marzo de 2020 y con una eficacia extraordinaria para movilizar un volumen de recursos sin precedentes".
Calviño, que se refiere así en un entrevista con El País a las críticas sobre que el plan de ayudas a empresas y autónomos llegó tarde, se quedó corto y se aprobó sin contar con las comunidades, explica que esta misma semana la ministra de Hacienda va a enviar el borrador de convenio para la gestión de las ayudas a las comunidades autónomas y que, una vez que lo firmen, en un máximo de 10 días se desembolsará el dinero.
Señala también que "dentro de los convenios que se les envían a las comunidades se les va a dar un margen para añadir algún otro sector, o tipo de empresas, que se pueda haber visto más afectado por la especificidad de esa comunidad".
En la entrevista, la vicepresidenta sostiene que las administraciones han encarado esta crisis de forma diferente a las anteriores, con más ayudas y apoyos al sector productivo, y se muestra convencida de que el Plan de Recuperación sentará las bases del crecimiento para los próximos años.
Reitera que el Gobierno "no tiene intención de subir los impuestos en este momento", pero que eso no quita para que quiera tener en 2022 el informe de un grupo de expertos "para desplegar en los próximos años una reforma de nuestro sistema fiscal que, en paralelo con los cambios en el ámbito internacional, lo haga más sólido, más progresivo y justo".
En esa línea, dice que no ve ninguna contradicción entre las declaraciones del candidato del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, sobre no subir impuestos y las recientes propuestas internacionales lanzadas desde el FMI o EE.UU. de abordar una fiscalidad más ambiciosa.
También apunta que le "llaman la atención declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid y otros políticos que lo que hacen es prometer bajadas de impuestos como único elemento de política económica".
Sobre la reforma laboral cree que "es muy urgente abordar cuanto antes la modernización y digitalización del SEPE para superar los problemas que hemos tenido" y "empezar a trabajar en la modernización de las políticas activas de empleo con las comunidades", así como "llevar al Consejo de Ministros el real decreto de riders" y "trabajar con los agentes sociales sobre cuál va a ser el modelo de ERTE de transición para la segunda mitad del año".
Asimismo considera "urgente poner en marcha un plan de choque contra el desempleo juvenil" y "en paralelo empezar con las reformas de más calado, que son las que se refieren a la modernización de la negociación colectiva, la regulación adecuada de las subcontratas, la simplificación de contratos y revisión de las bonificaciones a la contratación", además de "articular un mecanismo permanente que proporcione a las empresas flexibilidad interna, alternativo a la alta temporalidad y precariedad".
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