El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha archivado la investigación contra Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, por "indicios insuficientes" en su contra. En un auto donde no se alude a ningún aspecto de la investigación ni de esos indicios, García-Castellón se limita a apoyar la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción en lo que atañe a Pablo González y el caso de corrupción en torno a la empresa pública de aguas del Canal de Isabel II.
Del escrito de Anticorrupción apoyando el archivo se deduce al menos que Pablo González ya solo era investigado por blanqueo de capitales, esto es, por ayudar a su hermano a esconder fondos sustraídos de la empresa pública de aguas con "préstamos ficticios y simulación de distintas relaciones comerciales".
"El curso de la investigación ha desvelado que, si bien era necesaria su imputación para aclarar tales hechos y su trascendencia penal, la misma no ha resultado suficiente para recabar los indicios necesarios que permitan sostener tal imputación", añade la fiscal Ana Cuenca en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Pablo González fue investigado por un presunto amaño en la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid, construido en terrenos del Canal de Isabel II. Una UTE en la que participaba el hermano del presidente entonces de la sociedad pública concurrió y se llevó el proyecto pese a que su oferta era peor que otras presentadas. Eloy Velasco le envió a prisión, eludible con una fianza de 4 millones de euros, atribuyéndole indiciariamente varios delitos relacionados con ese amaño, tales como cohecho, malversación o fraude, así como de blanqueo por inversiones realizadas en el extranjero con fondos de procedencia irregular tanto de su hermano como suyos.
El hermano del expresidente madrileño llegó a pasar tres meses en prisión, hasta que el juez Eloy Velasco rebajó la fianza a 200.000 euros, que logró reunir y abandonar la cárcel el 27 de julio de ese año. Los indicios recabados por la Guardia Civil eran tales que la Audiencia Nacional había autorizado la utilización de micrófonos de ambiente para recoger las conversaciones que mantenía con otros presuntos implicados Pablo González.
En una de las grabaciones a la trama se escucha cómo Ignacio González sabe que le están investigando y al día siguiente su hermano Pablo visita al entonces número dos de Interior, José Antonio Nieto. El secretario de Estado de Seguridad negó que en esa reunión hablaran de Lezo y aseguró que González le fue a ver por su preocupación por la seguridad de un país extranjero donde iba a operar Mercasa.
Precisamente esta empresa pública era objeto igualmente de la investigación sobre Pablo González, al resultar posibles irregularidades en las escuchas de Lezo. El juez Velasco se inhibió en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya investigaba las irregularidades de la compañía.
Por su parte, el magistrado José de la Mata dejó fuera a Pablo González de la pieza separada en la que investigaba un supuesto soborno de Mercasa que ascendía a 20 millones de euros en un proyecto en Angola.
En una de las grabaciones de Lezo, Pablo González hablaba sobre el sistema de mordidas que utilizaban en Mercasa: "Dime con quién hacemos esto y te dice con la constructora "zutanito" y te vas a la constructora "zutanito" y le dices mira, el precio entendemos que es este, le vas a cargar un 10% más porque habrá que pagar a tal. Y le pagas. Ya está joder".
