Según un comunicado del Departamento, los tienen que firmar para poder disponer de los recursos que a cada una de ellas le corresponden de los 7.000 millones de euros que el Gobierno aprobó para destinarlos a inyecciones directas al tejido productivo.
Hacienda aprobó, el pasado 25 de marzo, el reparto territorial, con un compartimento para Baleares y Canarias de 2.000 millones de euros y otro para el resto de autonomías y Ceuta y Melilla, dotado de 5.000 millones.
A esa orden se suma una segunda, del 12 de abril, en la que se detallan los requisitos más técnicos de elegibilidad de los beneficiarios de las ayudas y los criterios para fijar la cuantía de los apoyos directos que recibirán.
Con el real decreto-ley, que aún se tramita como proyecto de ley, las dos órdenes ministeriales y los convenios que ya tienen en su poder, a falta de que los gobiernos territoriales firmen los documentos, se estaría en condiciones de comenzar a desplegar las ayudas directas.
Hacienda transferirá los recursos que corresponden a cada autonomía en un plazo máximo de diez días desde la firma del convenio, salvo que soliciten que el libramiento se haga en un momento posterior.
El Ministerio insta a los gobiernos autonómicos a que inicien a la mayor brevedad los trámites necesarios para proceder a la firma.
El texto del convenio está adaptado a la perspectiva de que un cambio normativo permita a las comunidades ampliar los sectores beneficiarios e incluir también como potenciales receptoras de las ayudas a las compañías afectadas por la quiebra de Thomas Cook.
Los convenios regulan cuestiones relativas al intercambio de información entre los diferentes organismos tributarios, además de la obligación de proporcionar los detalles sobre las convocatorias de ayudas realizadas y los resultados de éstas, es decir, sobre los pagos o transferencias a los beneficiarios. EFE
