Las organizaciones civiles Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación del asesinato de la periodista Regina Martínez, ocurrido en 2012 en Veracruz, que hasta ahora ha sido “empañada por numerosas irregularidades”.
La representante en México de RSF, Balbina Flores Martínez, informó que hoy entregaron una petición a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en la que piden “la federalización y reapertura de la investigación” del caso.
El asesor de RSF para asuntos jurídicos internacionales y activismo, Antoine Bernard, señaló que “las autoridades mexicanas deben activar un plan de emergencia para la justicia y luchar de manera eficaz contra la impunidad de los crímenes contra los periodistas”.
Por ello, pidieron que la reapertura de la investigación se enfoque en analizar los vínculos “entre las publicaciones de Regina Martínez y su asesinato. Esta denuncia presentada en México apela a la justicia para aclarar de una vez este crimen”.
Esta solicitud presentada ante la FEADLE “es una nueva iniciativa legal de RSF para luchar contra la impunidad de la que se benefician los crímenes contra los periodistas en México y se adscribe a la línea de las acciones emprendidas ante la Corte Penal Internacional (CPI)”, dijo Flores Martínez.
La corresponsal de la revista mexicana Proceso fue asesinada el 28 de abril de 2012 en Veracruz, cuando el estado era gobernador por Javier Duarte. El trabajo de Marinez estaba enfocado a publicar reportajes sobre el actuar de narcotraficantes y la corrupción de las autoridades locales en la entidad.
“La investigación de la Fiscalía de Veracruz, que condujo al arresto y condena de una persona, lleva varios años interrumpida y se ha visto marcada por innumerables irregularidades y zonas oscuras. Lo fundamental es que se ha pasado completamente por alto la pista que relaciona el asesinato con la labor periodística de Regina Martínez y la autoría intelectual”, acusó la representante de RSF.
Un informe publicado el 17 de marzo, elaborado por Free Press Unlimited, RSF y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), revelaba que el principal sospechoso por el asesinato fue condenado “sobre la base de una confesión obtenida bajo tortura, además de incluir varias declaraciones de testigos que contradicen la versión oficial del crimen”.
LP
