El Gobierno vasco prevé aplicar un modelo penitenciario basado en "la reeducación, la resocialización y la reinserción"
VITORIA, 16 (EUROPA PRESS)
Los gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo por el cual Euskadi asumirá a partir del 1 de octubre la competencia sobre la gestión de los centros penitenciarios ubicados en la comunidad autónoma, una materia recogida en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, pero que aún sigue ejerciendo el Ejecutivo español. El traspaso, cuya cuantificación económica se cifra en 70 millones de euros, se oficializará el próximo 10 de mayo.
La competencia de prisiones, contemplada en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, será transferida junto a otras tres materias estatuarias pendientes de traspaso a la comunidad autónoma: el transporte por carretera, el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN.
El acuerdo, que ha sido anunciado este viernes en una rueda de prensa por el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, y por la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, se aprobará el 10 de mayo en la Comisión Mixta de Transferencias.
La competencia de prisiones transferida a Euskadi --que se convierte en la segunda comunidad autónoma tras Cataluña en asumir la gestión de esta materia-- no incluye la legislación penitenciaria, que seguirá en manos del Estado.
No obstante, Erkoreka ha subrayado que, una vez asumida esta competencia, el Ejecutivo autonómico dispondrá de un "margen importante" para desarrollar políticas "propias" en el ámbito penitenciario, siempre "con total lealtad a la ley". De esa forma, ha reafirmado su apuesta por desarrollar en Euskadi un modelo penitenciario basado en "la reeducación, la resocialización y la reinserción".
Por su parte, Garamendi ha explicado que, además de las cuatro competencias anunciadas, en la reunión del 10 de mayo se podría aprobar alguna transferencia más de las competencias estatutarias que siguen pendientes de traspasar a Euskadi.
La Comisión Mixta en la que se firmará el acuerdo es el órgano que establece las normas conforme a las que se transferirán a la Comunidad Autónoma de Euskadi las competencias que le corresponden en virtud del Estatuto de Gernika. Este órgano también regula el traspaso de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución de las funciones y servicios transferidos.
La consejera ha señalado que este traspaso de las funciones y servicios sobre la ejecución de la legislación estatal penitenciaria "supone asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios", incluido el cumplimiento de penas.
Garamendi ha subrayado que el Gobierno Vasco asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente, hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres.
Los tres edificios que albergan estas prisiones serán traspasados a Euskadi, que asumirá su propiedad en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado. Cuando se construya la nueva prisión de Zubieta (Gipuzkoa), el Gobierno Vasco devolverá Martutene al Ejecutivo español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario.
Las obras de construcción de esta nueva prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español el pasado mes de marzo, por un importe cercano a los 39 millones de euros. Los trabajos deberán ejecutarse en 22 meses, por lo que, según los plazos de obra establecidos, el nuevo complejo será una realidad en primavera de 2023.
La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares. Este centro ya no acoge a población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones.
Garamendi ha precisado que alrededor de 700 trabajan en las prisiones vascas. En su mayoría, se trata de funcionarios de prisiones y el resto es personal laboral. El Gobierno Vasco integrará a estas personas en la Función Pública vasca, y se hará cargo de sus retribuciones. Los derechos adquiridos por estos empleados hasta el momento de la transferencia serán respetados.
La valoración económica de la transferencia asciende a 70 millones de euros, cantidad que se descontará del Cupo, que es la suma que Euskadi paga al Estado por los servicios que este presta en la comunidad autónoma. El traspaso de la competencia se hará efectivo a partir del próximo 1 de octubre.
Los gobiernos central y vasco también han acordado la transferencia del transporte por carretera, de modo que el Gobierno Vasco asumirá los medios para la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente por Euskadi, así como los que, sin que discurran por ella, tengan su origen y destino en el País Vasco.
Asimismo, se ha pactado el traspaso del código internacional de identificación bibliográfica o ISSN, un número reconocidointernacionalmente para la identificación de las publicaciones seriadas. El paquete de transferencias acordado contempla también el traspaso de un inmueble en el puerto de Ondarroa hasta ahora de titularidad estatal.
"DEUDA HISTÓRICA"
Garamendi ha expresado su "satisfacción" por este "paso adelante" en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. No obstante, ha anunciado que el Gobierno Vasco seguirá trabajando, con "lealtad" hacia el Ejecutivo central pero también con "exigencia", para saldar la "deuda histórica" que implica el hecho de que aún no se haya completado esta norma.
La consejera ha reconocido la importancia de haber cerrado este acuerdo antes del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, dado que estas pueden "condicionar de alguna manera" la actividad política.
Erkoreka ha coincidido en que Euskadi "tiene mucho que celebrar" al haber logrado este acuerdo, que supone un importante avance hacia el cumplimiento "íntegro" del Estatuto. "El pacto es el camino, es nuestro modelo; y es un modelo de éxito", ha manifestado.
El vicelehendakari también se ha referido al margen de actuación que el traspaso de la gestión de las prisiones otorga al Gobierno Vasco. En este sentido, ha subrayado que aunque la legislación penitenciaria sigue en manos del Estado, la "ejecución" de la misma corresponderá a Euskadi, al igual que ocurre con Cataluña, la otra autonomía con competencias en materia de prisiones.
Erkoreka ha indicado que la historia y el día a día demuestran que bajo la vigencia de una misma Ley General Penitenciaria, se han realizado interpretaciones "muy diferentes", por parte de los sucesivos gobiernos, de esa misma legislación.
Por ese motivo, ha subrayado que Euskadi tendrá también un "margen importante" para desarrollar políticas "propias" en el ámbito penitenciario. Todo ello, "lógicamente" y al igual que ocurre con la gestión de este asunto por parte del Estado, sujeto al control de la autoridad judicial.
Erkoreka ha lamentado la "desconfianza" expresada por formaciones como el PP y Ciudadanos a la gestión que pueda realizar el Ejecutivo autonómico de la competencia de prisiones. "No hay motivos para esa desconfianza previa", ha asegurado Erkoreka, quien ha destacado que en las prisiones vascas seguirán trabajando los mismos funcionarios que hasta ahora. De esa forma, ha manifestado que no entiende que se puedan plantear "sospechas" sobre la labor que puedan desarrollar a partir de ahora estos trabajadores.
Erkoreka, asimismo, ha calificado de "inmenso error" que haya quien pretenda "confundir" este traspaso competencial con los acercamientos de presos de ETA a prisiones próximas a Euskadi que está aprobando el Gobierno central "en aplicación de la ley penitenciaria vigente".
