"La Iglesia Católica ha sido cómplice demasiadas veces en nuestro país encubriendo la violencia sexual y esto tiene que terminar". Las palabras de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante el debate anterior a la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, ha desatado la ira de los obispos españoles, que han denunciado a la ministra por "ensuciar" a la Iglesia con "una acusación gravemente injusta" que "no se corresponde en absoluto con la verdad".
Y es que, para la Iglesia española, las palabras de Belarra son "presas de un rancio anticlericalismo" que "utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación".
En una nota emitida a última hora de esta mañana, la Conferencia Episcopal ve como "una buena noticia" la aprobación de la normativa, pero de inmediato arremete contra Belarra, insistiendo en que, según algunos estudios (fundamentalmente el último de la Fundación Anar), sólo "el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas".
"Algo que siendo para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección", señalan los obispos, que apuntan a que la Iglesia católica "inició ya en 2002 un largo proceso de actualización de sus protocolos y su código de derecho, especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro", medidas que, aseguran, "ahora incorpora la legislación española". No dicen nada de la ausencia de datos oficiales, ni de una investigación sobre los abusos entre el clero español, ni mucho menos de la negativa episcopal a una indemnización a los supervivientes de abusos.
"Como parte de su misión, la Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano", señala el escrito episcopal, que concluye subrayando que este trabajo "no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política".
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