La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha comenzado los trámites para estudiar la admisión de una querella contra la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y el director General de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos en el caso de Don Juan Carlos, al hilo de sus dos regularizaciones fiscales.
En una providencia adelantada por Vozpopuli y a la que tuvo acceso ABC, la Sala Segunda que preside Manuel Marchena da por recibida la querella, nombra instructora a cargo de las diligencias a la magistrada Carmen Lamela y da traslado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia del Supremo para entender de los hechos denunciados y el contenido de los mismos.
La querella fue interpuesta por una organización denominada Asamblea Republicana de Vigo el pasado 17 de marzo y a lo largo de once páginas denuncia «la inexplicable apática inactividad de la AEAT y de la propia Fiscalía» en la persecución de los posibles delitos fiscales de Don Juan Carlos que ha generado «consecuencias exculpatorias» para él.
En concreto, señala que, si bien el 9 de diciembre de 2020 trascendió la primera regularización fiscal, por la que abonó a Hacienda 678.393,72 euros incluyendo la sanción y los recargos por las transferencias recibidas de un empresario mexicano que no había declarado en tres ejercicios, «ni aun así se iniciaron actuaciones formales para impedir nuevas regularizaciones voluntarias».
A resultas, el pasado 26 de febrero, trascendió una segunda regularización sin requerimiento previo, por importe superior a los 4 millones de euros, como recuerda la querella. «La ciudadanía española (y la prensa extranjera) está atónita ante semejante e insólita conducta. Nuestro país tiene cuotas de economía sumergida de más del 20% del PIB, el doble de la media europea. El daño reputacional al deber jurídico y moral de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es incalculable», aseguran.
Perjuicio para las arcas públicas
Inciden en que «la gravedad de la conducta se acrecienta por la identidad de las dos instituciones involucradas: dos instituciones esenciales en democracia y que ostentan los mayores poderes de injerencia en la esfera patrimonial y personal de los ciudadanos que pueden verse arruinados patrimonialmente por una y privados de libertad deambulatoria por otra».
Además, destacan que «el perjuicio para las arcas públicas es notorio», pues las multas por el fraude fiscal regularizado podrían ascender aplicando el Código Penal al séxtuplo de la cuantía y, además, la regularización espontánea «podría impedir la posterior persecución del delito de blanqueo de capitales, que contempla multas del tanto al triplo».
