La oposición al Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado en Fernando Grande-Marlaska el relevo en el centro de la diana que ocupaba hasta ahora el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, fuera ya del Gobierno por su candidatura por Podemos a presidente de la Comunidad de Madrid. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, el episodio de mayor desgaste en la corta carrera política del ministro del Interior, ha resurgido con el fallo en primera instancia de la Audiencia Nacional que da la razón al guardia civil, y con él, las peticiones de dimisión en todo el arco de la derecha.
Grande-Marlaska dijo el pasado lunes que no tiene “ninguna intención de dimitir” y al día siguiente, Pedro Sánchez afirmó, y remarcó, que el ministro del Interior cuenta “con toda” su confianza. Entre tanto, la oposición ha vuelto a señalar al ministro del Interior por el despliegue policial en el acto de Vox del pasado miércoles en el distrito madrileño de Vallecas. El líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, aseguró que el ministro del Interior es “directamente responsable de todas las agresiones que se produjeron”. “Montó un dispositivo policial gigantesco que no se usó como es debido”, añadió.
Cuatro grupos de la Unidad de Intervención Policial -entre 150 y 170 agentes- fueron desplazados al lugar donde se produjeron 4 detenciones, tres de ellas de menores de edad. Solo un policía resultó herido de cierta consideración, con un hombro dislocado, y otros 17 recibieron contusiones. Cualquier gran manifestación en Madrid moviliza a entre 1.500 y 2.000 agentes y en las que se han producido disturbios de consideración el número de detenidos y heridos se multiplica considerablemente. La cercanía entre el atril de Vox y los manifestantes ha sido motivo de cierto cuestionamiento interno dentro de la UIP y, en cualquier caso, fue decisión del jefe de la Unidad en Madrid, señalan fuentes policiales.
Resta por conocer si la concentración de ataques de la oposición, sobre todo de la ultraderecha, debilita a Grande-Marlaska o si, por el contrario, le refuerza en el puesto. Podemos, el socio de Gobierno de los socialistas, recela desde el primer momento de Grande-Marlaska por su ubicación en el sector conservador de la judicatura. El titular de Interior, junto a la de Economía, Nadia Calviño, han sido el centro de las críticas de los morados cuando Pablo Iglesias ha querido marcar perfil dentro del Gobierno. Sin embargo, tanto durante los momentos de mayor crispación en la pandemia, como ocurrirá previsiblemente durante la campaña electoral de Madrid, el partido de Pablo Iglesias evitó señalar en público a Grande-Marlaska mientras le exigía, incluso por escrito, explicaciones por lo que consideraban actuaciones policiales excesivas.
La polémica por los disturbios en Vallecas sucede a otra en la que todos los vectores volvieron a señalar a Grande-Marlaska y el Gobierno tuvo que salir en público a defender su postura. Se trata de la entrada de la Policía sin orden judicial en un domicilio donde se celebraba una fiesta y se incumplían las medidas sanitarias por la pandemia de la Covid-19. La Policía justificó el allanamiento en que se trataba de un apartamento turístico -hecho que desmintió después el contrato de arrendamiento- y en que el inquilino se negara a abrir la puerta para no ser multado, cometiendo supuestamente un delito de desobediencia que facultaría a los agentes a echar la puerta abajo.
A las críticas de la oposición se unieron esta vez juristas conservadores y progresistas. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cerró filas con Grande-Marlaska, pero en privado varios ministros mostraban su perplejidad por la postura fijada por el titular de Interior, que había salido en público a avalar lo que esos compañeros de gabinete consideran un exceso policial a todas luces.
Más allá de la polémica sobre los incidentes en Vallecas y la nueva 'patada en la puerta', la cuestión sobre la posición de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior se centra ahora en qué ocurrirá si la Sala ratifica el fallo del magistrado Celestino Salgado y la restitución de Pérez de los Cobos deviene en firme. Fuentes de Interior no se plantean tal posibilidad porque confían en que sea admitido el recurso de la Abogacía del Estado contra el fallo, que considera “ilegal” el cese de Pérez de los Cobos por no informar del avance en la investigación por los actos del 8-M, una causa finalmente archivada.
La sentencia, con fecha de 31 de marzo, establece quince días de plazo para la presentación del recurso a una sentencia que se ha demorado casi un año. La decisión de la Sala, en el mejor de los casos, se retrasará durante varios meses más, pero antes podría haber otra resolución judicial que devuelva al primer plano la polémica por el cese: una eventual petición de restitución en su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid por parte de Pérez de los Cobos.
La petición por parte del demandante no se produciría en ningún caso antes de que finalice el plazo de presentación del recurso y sería resuelta por el juez que ha fallado a favor del coronel. El magistrado Salgado podría decretar la reincorporación inmediata al puesto o esperar a que haya una sentencia firme, siempre que Pérez de los Cobos lo solicite previamente.
En el caso de que decretase la reincorporación inmediata se abriría un nuevo escenario: la posibilidad de un nuevo cese. Pérez de los Cobos ocupaba un puesto de libre designación y su destitución era potestad del ministro del Interior. Sin embargo, en la propuesta de cese que envió la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, la primera escribía, o al menos firmaba el documento en el que se podía leer que el cese respondía a “pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”.
En el fallo, el magistrado explica que, tal y como declararon Pérez de los Cobos y el antiguo director adjunto operativo Laurentino Ceña, quien dimitió tras el cese del coronel, la magistrada del caso del 8-M había impuesto el “deber de reserva”, tanto a los miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, a cargo de la investigación, como a sus superiores, incluido Pérez de los Cobos. “Es por ello que hemos concluido que aquella motivación es ilegal”, añade el juez en la sentencia.
En consecuencia, bastaría con que el ministro del Interior o alguno de sus subordinados en la escala de mando volviera a decretar el cese de Pérez de los Cobos en su puesto de jefe de la Comandancia y alegara “pérdida de confianza” o cualquier otra motivación que no se identificara con haber desacatado una orden ilegal. Las fuentes consultadas de Interior tampoco se plantean la restitución inmediata de Pérez de los Cobos y, por tanto, no abordan la posibilidad de que Grande-Marlaska pudiera destituir de nuevo al coronel.
