A las tres de la tarde del pasado viernes entre 20.000 y 25.000 documentos salieron del Archivo de Salamanca, ahora bajo el nombre de Centro Documental de la Memoria Histórica, con destino la Generalitat de Cataluña. Así lo denuncia la Asociación Salvar el Archivo, que asegura que tras «siete años» sin que saliese nada de los muros salmantinos hacia la comunidad catalana, se han vuelto a extraer nuevos documentos «a escondidas», ya que «ni siquiera se informó a los miembros del patronato, como tampoco la Junta o el Ayuntamiento de la ciudad». Pero «nada sale del Archivo sin que el Ministerio lo autorice», asegura el presidente de la agrupación, Policarpo Sánchez.
Se trata de una serie de material que se suma a los 400.000 documentos que ya posee de «forma ilegal» el gobierno catalán y que «ya intentó llevarse en 2014». En ese momento, «el Gobierno de Mariano Rajoy no lo autorizó en base a una sentencia del Tribunal Constitucional». Ese fallo recogía, según Sánchez, que «son documentos que no tienen propietario y debían permanecer en Salamanca». «La sentencia dice que no se le entregaban los documentos a la Generalitat para que se los quedara, sino para que se los entregase a su propietario y, en el caso de que no existiera, esos documentos debían ser devueltos en el plazo de un año y permanecer en el Archivo», relata. Además, «existían precedentes de que todos los documentos que tenían que ser devueltos, nunca regresaban», indica, hasta el punto de que «400.000 nunca han sido devueltos y tenían que haberlo hecho hace muchos años».
Coyuntura política
«Ahora, en otra coyuntura política diferente, han aprovechado y se han llevado aquello que se les negó en 2014», expresa Policarpo Sánchez, que asegura que «los apoyos que necesita Pedro Sánchez con los separatistas» han marcado este último envío. De hecho, apunta que «la agenda del Archivo de Salamanca la dicta Esquerra Republicana de Cataluña».
Los entre 20.000 y 25.000 documentos son de dos tipos. Por un lado, «de organizaciones desaparecidas al acabar la guerra» y, por otro, archivos «que recogen con todo detalle la incautación que la Generalitat hizo en Barcelona durante la Guerra Civil a los que se opusieron a ellos». En este último caso, es material «muy incómodo que estuviera en Salamanca» para el Ejecutivo catalán, indica.
Ahora, la Asociación Salvar el Archivo se dirigirá a la Audiencia Nacional, donde ya existen acciones judiciales en marcha para que regresen los 400.000 documentos «similares a los que ahora se han llevado y que llevan muchos años retenidos ilegalmente», para «avisar» de que «se vigile estrechamente»que este otro material «sea devuelto en el plazo improrrogable de 365 días y no pase lo mismo que con el resto». Es más, Sánchez asegura que la asociación ha «descubierto»que «la Generalitat se inventa propietarios para quedarse con la documentación y comete así prevaricación».
El anterior ministro de Cultura, José Guirao, se comprometió en 2018 a que no habría salidas masivas de documentos de Salamanca hacia Cataluña e, incluso, a reclamar a la Generalitat aquellos que no tuvieran propietario.
