El anuncio del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, de poner fin al estado de alarma el próximo día 9 de mayo ha dejado a la intemperie jurídica a las comunidades autónomas. Desprovistas de la principal arma política que tienen para luchar contra la pandemia, los presidentes regionales se enfrentan a una situación incierta. El malestar por esta decisión de Sánchez, tomada sin consenso, es generalizado, aunque la crítica se matiza, según el color político de sus dirigentes.
Todavía queda un mes para confirmar que esta medida es firme y que el presidente no buscará apoyo parlamentario para poder sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma. El miedo escénico a no contar con el respaldo del bloque de la investidura y su negativa a buscar el consenso con el Partido Popular pueden estar detrás de esta decisión.
«Desmadre» con el virus
Sánchez atacó duramente el pasado fin de semana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con lo que él entendía como una situación de «desmadre» en la que el virus circulaba descontroladamente. Pero ahora, sin estado de alarma y sin una ley que permita a las comunidades decretar cierres perimetrales de sus territorios y toques de queda, el empeoramiento de los contagios puede seguir agravándose.
Las comunidades socialistas se resignan a aceptar una situación que se les puede volver en contra. Aunque hay algunos barones socialistas, como el valenciano Ximo Puig, que todavía albergan la esperanza de que el Gobierno dé un paso atrás y pueda cambiar su posición en el mes que falta para que se cumpla el plazo de vigencia del decreto del estado de alarma.
Puig, en un primer momento, salió en defensa de Sánchez, afirmando que a la vista hay un «horizonte razonable» y evitó criticar al presidente. Eso sí, se cubrió las espaldas al advertir de que prorrogará las restricciones, como el cierre perimetral y el toque de queda nocturno.
En este aparente optimismo, que más bien obedece al nulo interés en mantener un enfrentamiento abierto con el Gobierno, el presidente valenciano sostiene que el mes que resta para la finalización del estado de alarma puede suponer «un punto de inflexión para la desescalada».
«No quedan desguarnecidas»
Con todo, la Generalitat considera que hay que ver cómo «evoluciona la cuarta ola de la pandemia». En un intento de no aumentar el recelo de la ciudadanía ante la posible ausencia de instrumentos para frenar el virus, recalcó que las comunidades disponen todavía de margen y «no quedan desguarnecidas» sin el estado de alarma para aprobar restricciones que, en el caso de la Comunidad Valenciana, fueron avaladas por el Tribunal Superior de Justicia.
En Castilla-La Mancha, el Gobierno que preside Emiliano García-Page quiere, sobre todo, que se despejen las dudas jurídicas sobre hasta dónde pueden llegar las comunidades. Los socialistas castellanomanchegos esperaban que estas incertidumbres legales pudieran aclararse en el Consejo Interterritorial de Salud, que se celebró ayer por la tarde-noche.
«Tomar el testigo»
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, espera que, una vez que llegue el 9 de mayo, tengan «unas medidas acordes con la situación epidemiológica actual». «Desde ahí, terminado el estado de alarma, necesitamos saber qué va a ocurrir en España, si somos o no las comunidades autónomas las que debemos tomar el testigo».
Castilla-La Mancha, como Valencia, considera que esta comunidad debería «seguir perimetrada», pero también todas las demás.
La situación en Baleares es similar a la de Valencia y Castilla-La Mancha, en cuanto a que reclaman seguridad jurídica para después del 9 de mayo. La socialista Francisca Armengol se toma con prudencia esta decisión, a la espera de saber qué margen y potestad tendrán las autonomías. Su estrategia pasa por «asegurar una desescalada lenta con medidas restrictivas» y espera que Sánchez le dé una «garantía jurídica» para aplicarlas. «No por tener prisa hay que perder de vista el objetivo general».
Las críticas del Gobierno socialista de Aragón, presidido por Javier Lambán, y en el que también participan Podemos y el PAR, se centran en la falta de consenso para anunciar el fin del estado de alarma. Una decisión unilateral que, a su juicio, debería haber sido sometida a consideración de los gobiernos autonómicos. Así lo manifestó la portavoz del Gobierno de Lambán, la socialista Mayte Pérez.
Confinamientos
El Ejecutivo aragonés no ve tanto problema en la posibilidad de que sin estado de alarma puedan decretar confinamientos perimetrales. En este sentido, esta comunidad sostiene que la ley autonómica que aprobaron le permite adoptar este tipo de medidas.
La tibieza de los gobiernos socialistas contrasta con la contundencia de los populares. Sin el corsé que aprisiona en sus críticas a los afines con el Ejecutivo central, las comunidades conservadoras no ahorran reproches. Andalucía, gobernada por el popular Juanma Moreno, considera «precipitado» el anuncio de Sánchez, ya que entiende que, a día de hoy, se desconoce la evolución que puede tener la pandemia.
El consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, considera que debe hacerse una evaluación semanal para decidir si es necesario flexibilizar o ampliar las medidas de prevención.
La Junta de Andalucía apunta a la motivación política que esconde la decisión de Sánchez, al no contar con apoyos parlamentarios para renovar el estado de alarma. Asimismo, piden una reunión de la conferencia de presidentes para analizar una decisión tomada sin consenso.
Tribunales de Justicia
En el caso de decaer el estado de alarma sin más alternativa jurídica, la comunidad andaluza confía en mantener las restricciones horarias y de movilidad en municipios con alta incidencia, tal como hizo el pasado verano. Todas las decisiones fueron avaladas por los tribunales de Justicia.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sintetizó su preocupación con seis palabras: «Estamos ante un doble salto mortal». Con ello, ha querido poner el dedo en la llaga sobre la vulnerabilidad a la que les aboca el anuncio de Sánchez: «A partir del 9 de mayo, las decisiones que adopten las comunidades autónomas tendrán serias dificultades y podrán ser anuladas total o parcialmente por los distintos tribunales de Justicia».
Feijóo apuesta por la celebración urgente de una Conferencia de Presidentes autonómicos, «para saber exactamente cuál es el manual (…), qué ocurre en los ayuntamientos con incidencias elevadas, en las comunidades autónomas con riesgo alto todavía». Además, Galicia está muy molesta porque no ha sido consultada sobre el fin del estado de alarma y la falta de alternativa.
«Sorpresa y disgusto»
La «sorpresa» y el «disgusto» fue también la reacción del Gobierno de Castilla y León. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, mostró su «sorpresa y disgusto» con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno que considera «precipitado», ya que está comenzando «una cuarta ola» y no se conoce aún «ni la intensidad ni la duración».
Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, instó a Sánchez a decir «qué escenario quiere para España porque el Gobierno no tiene un plan». «Es lo que venimos sufriendo más de un año». Además, le recordó su incumplimiento al no elaborar una ley de pandemias, que se comprometió a redactar en 2020.
La única comunidad que apoya a Sánchez es Cataluña. No se opondrá al levantamiento del estado de alarma, al entender que se trata de una anomalía y que hay otros mecanismos más eficaces para controlar la pandemia. «Cuanto antes termine, mejor», zanjó el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. Otra región no gobernada ni por socialistas ni por populares, Cantabria, está de acuerdo, siempre que «haya garantías jurídicas».
