La situación política actual es muy distinta a la que el Gobierno y el resto de partidos esperaban tras la celebración de las elecciones del 14 de febrero. Se abría entonces un periodo de 22 meses sin comicios hasta la celebración de las andaluzas a finales de 2022. Incluso parecía el momento propicio para la búsqueda de acuerdos entre PSOE y PP que, finalmente, solo cristalizó en el pacto para renovar el Consejo de Administración de RTVE. Todas esas previsiones saltaron por los aires con los sucesos encadenados en Murcia, con la fallida moción de censura y su fuerte réplica en la Comunidad de Madrid con el adelanto electoral. El panorama se ha complicado todavía más para los intereses del Ejecutivo ante la incertidumbre que, una vez más, llega desde Cataluña.
«Todo está más enrarecido. Parece evidente que vamos a un par de meses como mínimo muy convulsos. No era lo esperado, pero vamos a ver si en junio las piezas se recolocan y eso coincide con una mejora clara en los datos de vacunación. El segundo semestre debe ser el del despegue. Nosotros a seguir gobernando», reflexiona un ministro consultado. Es el sentir general en el Gobierno, donde Pedro Sánchez aparece empeñado en trasladar la idea de que la coalición agotará la legislatura y llegará a finales de 2023. Pero lo cierto es que abril y mayo van a estar marcados por un escenario de incertidumbre y renovada confrontación que va a dejar muy condicionada la agenda legislativa del Ejecutivo. La Moncloa no quiere votaciones de riesgo en el Congreso. La consigna es seguir trabajando «al margen del ruido», pero la realidad es que la legislatura entra en un paréntesis.
Las piezas se recolocan
La intención del Gobierno es transmitir esa imagen de estabilidad. La idea de un anticipo electoral cuando la pandemia todavía no se ha superado y cuando los fondos europeos siguen sin llegar para empujar la reactivación económica es algo que no se contempla en La Moncloa. Pero, más allá de eso, las elecciones que se celebrarán dentro de un mes en la Comunidad de Madrid van a volver a colocar las piezas sobre el tablero.
A Ciudadanos lo votaron más de cuatro millones de personas en abril de 2019. En la repetición electoral de ese año, en las recientes catalanas y en esta precampaña madrileña los socialistas siempre han centrado su objetivo en atraer a un grueso de esos votantes. En las generales no lo consiguieron, las catalanas se vieron muy adulteradas por la baja participación y allí el votante de Cs tiene un origen distinto al del resto de España. Las encuestas en Madrid señalan que el PSOE sigue teniendo problemas para entrar con fuerza en ese caladero de votos. Si los resultados certifican que la caída de Ciudadanos nutre principal y mayoritariamente al PP, combinado con un freno en el crecimiento de Vox, la lectura del mapa político español, dominado por el PSOE desde hace tres años, puede empezar a cambiar.
Si los resultados en Madrid consolidan la unificación de la derecha en torno al PP, la posición del PSOE como primera fuerza política empezará a verse amenazada. Si, por el contrario, la fractura en la derecha no termina de resolverse y llegase a perder el Gobierno de la principal región del país, la izquierda entraría en un escenario de euforia que cambiaría las perspectivas sobre la legislatura.
Mayo marcará etapa
Pero al margen de la batalla electoral en la Comunidad de Madrid, es de nuevo la situación en Cataluña lo que complica el día a día al Ejecutivo. Además del 4 de mayo, la otra fecha marcada en rojo en el calendario es el 26 de mayo. Si para entonces Pere Aragonès no ha logrado un acuerdo para superar la investidura, Cataluña irá a nuevas elecciones.
En cualquier caso, el Gobierno cuenta con que al final ERC y Junts «se entenderán». Pero por lo pronto lo que ya está en cuestión es el cumplimiento de la agenda que La Moncloa tenía diseñada para Cataluña. Empezando por la previsión de reunir la mesa de diálogo en el primer semestre del año. Igual que la reforma del Código Penal para suavizar las penas del delito de sedición. Y por supuesto los indultos, que siguen en tramitación y cuya concesión está a la espera de acontecimientos.
La legislatura catalana está íntimamente relacionada con la estabilidad en Madrid. Junts aspiraba a una armonización de las posiciones en el Congreso de los Diputados con ERC. Algo que éstos descartan, pero que el Gobierno sabe que puede complicar sus mayorías en la Cámara Baja. Pasado el primer semestre el Gobierno tendrá que hacer al menos el intento de negociar unos nuevos Presupuestos. Siempre con la baza de poder prorrogar los actuales.
Para entonces se habrá arrojado luz sobre una legislatura que entra en una nueva etapa por la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo y por la incógnita de cómo Cs jugará la baza de sus diputados en el Congreso. La Moncloa aspira a poder encontrar apoyos en los diputados naranjas, como única alternativa para sacar adelante votaciones sin contar con ERC. Sánchez afronta los próximos meses con la tranquilidad de no tener una mayoría en contra en el Congreso, pero con dificultades para consolidar una mayoría a su favor.
