Hambre, colapso económico, represión y Covid-19: los venezolanos han visto casi todo durante el último año. Para millones de ellos, un puerto seguro en otro país latinoamericano era la única salida. Los tiroteos entre las fuerzas de seguridad y la guerrilla que obligaron al menos a 3.100 residentes en el estado occidental de Apure a huir por la frontera con Colombia a fines de marzo fueron solo el ejemplo más reciente. Sin embargo, incluso estas fugas desesperadas parecen más tensas a medida que se acumula una reacción continental contra la diáspora más castigada del hemisferio occidental.
Por Mac Margolis
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Se estima que 5,4 millones de venezolanos han abandonado su fallida patria, el 85% de ellos aterrizando en otro país de América Latina o el Caribe. Representan la mayor calamidad humanitaria del mundo después de la de Siria devastada por la guerra, pero con una fracción de asistencia y atención. La crisis de refugiados de Venezuela ha generado 1,3 mil millones de dólares en promesas de ayuda, incluso cuando la crisis de refugiados sirios ha recaudado 19,9 mil millones de dólares, según el economista Dany Bahar, investigador principal de Brookings Institution. La pandemia ha dividido una emergencia tras otra, ya que las autoridades regionales que luchan contra el contagio y las economías colapsadas sellan las fronteras y rechazan a los que ingresan ilegalmente. Se estima que 122.000 emigrantes venezolanos han retornado a casa desde Colombia solo desde el brote del nuevo coronavirus; aquellos que se mantienen firmes en el extranjero se enfrentan a una hostilidad cada vez mayor y a ser chivos expiatorios, a veces de autoridades presuntamente comprensivas.
Sin lugar a dudas, el ataque de los refugiados se suma a la carga de los vecinos continentales de Venezuela, que ya deben atender a sus propias poblaciones vulnerables. La pandemia ha destruido 34 millones de puestos de trabajo en América Latina y el Caribe, ha estimado la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, la creciente hostilidad hacia los recién llegados necesitados no solo agrava una tragedia humanitaria sin precedentes, sino que es históricamente miope y económicamente obtusa.
Las privaciones de la emergencia sanitaria de América Latina podrían ser mucho mayores sin el trabajo de estos omnipresentes desconocidos. Un informe de salud de la Organización Internacional del Trabajo que se publicará próximamente ha revelado que muchos de los 20.000 médicos venezolanos migrantes que trabajan en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú ayudaron a combatir la pandemia. Más de 10.000 enfermeras venezolanas están disponibles en Argentina, Brasil y Perú.
Los venezolanos están aún más representados entre los trabajadores de servicios de primera línea, haciendo recados, buscando comestibles y surtiendo recetas para la población confinada en sus hogares.
Ya sean migrantes dispuestos, que a menudo traen capital y diplomas, o refugiados, que llegan desesperados, los venezolanos desplazados son un activo disfrazado de problema. Venden bienes y servicios que impulsan los mercados y aumentan la recaudación de impuestos. Los venezolanos que huyeron por la frontera a Roraima, en el norte de Brasil, aplicaron suficientes impuestos en 2018 (alrededor de 18 millones de dólares) para compensar el costo del gobierno de procesarlos.
Los expatriados venezolanos suelen ser más jóvenes en promedio que las sociedades que los acogen. También están mejor educados que sus compañeros adoptivos, lo que representa una ganancia de cerebro para sus anfitriones. Con contratos y permisos de residencia adecuados, argumentaron los expertos de la OIT en un estudio reciente, los países anfitriones podrían aprovechar sus habilidades, experiencia y agallas para impulsar el crecimiento e incluso mejorar la productividad crónicamente rezagada de la región. “Pensamos que los migrantes son vulnerables, pero producen, consumen y contribuyen a las sociedades y la economía”, dijo el especialista en migración de la OIT, Francesco Carella. “Si los protege y reconoce, eso es ventajoso para el estado anfitrión”.
Piense en Colombia, donde los venezolanos están sobrerrepresentados en los sectores que han sido los más afectados por la pandemia. Antes del Covid-19, al menos 12 venezolanos trabajaban en la construcción por cada siete colombianos, mientras que el triple de venezolanos trabajaba en hoteles y restaurantes de alto contacto. Estos trabajadores serán cruciales para revivir la economía pospandémica de Colombia y, sin embargo, debido a que la mayoría de ellos trabaja fuera de los libros, con solo un contrato verbal y sin papeles de residencia, la recuperación se verá obstaculizada. “Debido a su invisibilidad, lo que estamos viendo hoy no es representativo de la contribución transformadora que los venezolanos podrían hacer a sus países de destino”, me dijo Bahar de Brookings Institution. “Si las naciones pudieran sacar a estas personas de las sombras, podrían hacer una contribución real a la economía anfitriona”.
Los latinoamericanos no son ajenos a los daños y las injusticias de una política de puertas cerradas. Lideraron al mundo en oponerse a los planes del expresidente estadounidense Donald Trump de construir un muro fronterizo. Las naciones de América del Sur y Centroamérica se enorgullecían de abrazar el desastre humano de las guerras mundiales, los pogromos y la miseria. Venezuela, en particular, acogió a disidentes vecinos, inadaptados y exiliados que huían de las dictaduras que gobernaron la región a fines del siglo XX.
Sin embargo, durante décadas, la proporción total de ciudadanos extranjeros siguió siendo pequeña y fácilmente metabolizada por sociedades relativamente tolerantes. Los cambios demográficos pueden explicar la dispepsia reciente. Liderada por venezolanos, la población nacida en el extranjero de Chile se multiplicó por seis del 1,3% de la población general en 2002 a casi el 8% en 2019. Perú ha acogido alrededor de 830.000 venezolanos, la mayoría de ellos en los últimos años. En ningún lugar la afluencia ha sido tan intensa como en Colombia, ahora refugio de cerca de 2 millones de venezolanos, casi el 36% de toda la diáspora venezolana.
Ahora los venezolanos en Colombia son considerados no tanto como invitados sino como molestias, mendicantes o incluso criminales. No importa que los reclamos de robo de trabajo o supresión de salarios por parte de los migrantes aún no se hayan comprobado. Un estudio reciente sobre el aumento de la delincuencia en las regiones fronterizas de Colombia encontró que los venezolanos tienen más probabilidades de ser víctimas de la violencia que sus perpetradores.
Tales narrativas nativistas son casi un cliché en Europa y Estados Unidos, pero inquietantemente nuevas en una región con un legado de tolerancia y apellidos desde los Balcanes hasta el Levante. Cuando los venezolanos hambrientos se vertieron sobre los Andes bolivianos en la pequeña Colchane, en el norte de Chile, se encontraron con un rechazo nacionalista. “No podemos aceptar que Chile se convierta en una Venezuela”, dijo el candidato presidencial de derecha José Antonio Kast. Más sorprendentemente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quizás la política abiertamente LGBTQ más prominente de América Latina, que hizo campaña con una bandera de inclusión, se unió al coro de críticos después de un homicidio de alto perfil vinculado a un migrante venezolano. “Tenemos inmigrantes venezolanos muy violentos aquí”, dijo recientemente. “…primero asesinan y luego roban… ¿Qué garantías les quedan a los colombianos?”
La reacción hace que la reciente iniciativa del presidente colombiano Iván Duque de extender el estatus de protección temporal a los venezolanos expatriados sea aún más notable. La política de Duque otorga protección a hasta 1,8 millones de migrantes y refugiados durante 10 años, allanando el camino para que tengan trabajos formales y reciban beneficios de salud, incluidas las vacunas Covid-19. Si bien la medida molestó a muchos colombianos, los expertos en migración dicen que la política podría ayudar a proteger a los trabajadores domésticos al eliminar el incentivo de pagar menos a los ilegales. “Cuando los migrantes obtienen un estatus legal, ingresan al mercado laboral en igualdad de condiciones”, dijo Carella. “Eso significa que no costará menos contratarlos”.
La crisis de refugiados de Venezuela fue un desafío hemisférico incluso antes de la pandemia. El Covid-19 lo ha empeorado. Sin embargo, ambas emergencias han demostrado que evitar a los vecinos necesitados no es simplemente redoblar la injusticia; también es una autolesión. América Latina ya ha tenido suficiente de eso.
Artículo de opinión publicado originalmente en Bloomberg
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