En 2020 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para regular el aumento de los planes en el estado de excepción, sin embargo, sin razón conocida el Senado no dio cuenta de la iniciativa, por lo que lleva siete meses en un inusual retraso administrativo en el Congreso Nacional.
“Se los pido humildemente, que ojalá no aumenten el costo de los planes en este momento de pandemia, cuando mucha gente ha tenido perdida de trabajo y dificultades para trabajar”. Con estas palabras, hace una semana el ministro de Salud, Enrique Paris, solicitó a las isapres no poner en marcha el alza de planes 2021- 2022 que pueden realizar hasta el 31 de marzo.
La solicitud del secretario de Estado apela a la voluntad individual de cada isapre, sin embargo, la realidad es que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han desperdiciado sus oportunidades para regular este aumento de cobros durante la pandemia, teniendo como resultado incluso un proyecto congelado por meses entre la Cámara y el Senado.
Respecto de esta alza, el médico y presidente de Fundación Equidad, Tomás Lagomarsino, señaló que “no me extraña que estas empresas continúen siendo tan inhumanas como lo han sido durante tantos años, desde su creación, producto que son seguros privados de salud que buscan maximizar las utilidades minimizando los egresos, los gastos en salud”.
Además, el hoy candidato a constituyente por el Distrito 7 expresó que “hemos visto que durante la pandemia las isapres han tenido un alza significativa en sus utilidades producto de que estos seguros privados han sido subutilizados en patologías no COVID, y por ello aún más se vuelve un sin sentido esta alza dados los aumentos en sus utilidades el último año”.
Las amplias utilidades del último año son uno de los principales elementos que hacen prever que el alza de los planes no es esencial para estas empresas, o al menos mantener los precios difícilmente podría producir una quiebra o daño económico esencial.
Desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Celis también ha sido crítico de este proceso de aumento: “No se justifica el alza y lo quiero explicar con algunos ejemplos: el año 2019, las isapres tuvieron utilidades cercanas a los $9.500 millones, el 2020 esto creció en un 772%, siendo las utilidades aproximadamente de $82.547 millones”, señaló.
Y agregó que “le solicito a las isapres es que tengan también un espíritu de ejercer la responsabilidad social. Las isapres también tienen una responsabilidad social que claramente en este caso no se está cumpliendo, no están actuando de acuerdo con aquello. Yo les pido, sentido común y responsabilidad social”.
Si bien algunas aseguradoras privadas han informado durante los últimos días que no realizarán el ajuste 2021- 2022 dada la crisis sanitaria, de todas formas aplicarán el alza 2020-2021 que se mantenía congelado por la pandemia.
El 1 de abril de 2020 los diputados Tomás Hirsch (IND), Boris Barrera (PC), Andrés Celis (RN), Ximena Ossandón (RN) y Raúl Soto (PPD) presentaron un proyecto de ley que prohíbe la facultad que tienen las isapres en el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que permite que las instituciones prestadoras de servicios de salud puedan aumentar las primas GES y el precio de planes de salud durante el periodo de estado de Excepción Constitucional y hasta 180 días después del cese del estado.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el 3 de agosto del mismo año. Y desde el día 18 de ese mismo mes está pendiente de rendición de cuentas en la Sala del Senado, es decir, el proyecto no ha sido derivado a ninguna instancia de la Cámara Alta porque ni siquiera ha sido recibido oficialmente por la Sala.
Al respecto, el diputado independiente y vocero del Movimiento Acción Humanista, Tomás Hirsch, expresó que “es tremendamente grave que en Chile no se pueda poner un control al precio que se pone a la salud de las familias, eso refleja hasta qué punto la salud es un negocio y no un derecho”.
En tanto, sobre el proyecto de ley comentó que el que no haya sido rendido en el Senado es una “situación absolutamente insólita y que no tiene precedentes”.
“Es verdad que a veces los proyectos se retrasan en las comisiones, o que no se ponen en tabla de discusión en las comisiones, y eso significa que pasen meses o años (…) Lo que no ha existido nunca y está fuera de todas las normas, el reglamento y el funcionamiento del Congreso es que un proyecto recibido desde la Cámara no se dé cuenta en la Sala del Senado”, indicó.
“Uno no sabe si acá ha habido una mano negra que quiere impedir que se tramite este proyecto, si aquí hay algún tipo de presión, influencia por parte de las isapres, o cuál es el motivo por el que en casi un año el Senado ni siquiera ha tomado nota que recibió este proyecto para su discusión”, agregó.
Asimismo, el diputado llamó a no perder de vista el problema de fondo, que radica en la forma de actuar de las isapres: “Son inescrupulosas y mientras tienen la posibilidad y la permisividad del Gobierno suben sus tarifas sin importarles en absoluto la situación que viven las familias chilenas y generándose para ellas mismas utilidades”.
Este miércoles, la Mesa de la Cámara ofició al Senado para conocer el por qué este proyecto no ha sido rendido en la Sala.
En tanto, desde el Senado comentaron a Radio Universidad de Chile que este jueves la presidenta del Senado, Yasna Provoste, responderá el problema planteado a través de ese oficio, instancia en la que se debería aclarar por qué el proyecto ha quedado estancado administrativamente durante siete meses.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados no ha sido el único intento legislativo por frenar el alza de isapres. En abril de 2020 el Senado también revisó un proyecto similar, que finalmente fue declarado inadmisible.
Ante ese rechazo los legisladores interpelaron al presidente Sebastián Piñera para que llevara adelante una iniciativa similar. Sin embargo, aquello no ha ocurrido, pues el único mandato que ha generado el Ejecutivo sobre este tema fue realizar la postergación 2020 por tres meses a partir del 1 de julio de ese año.
El estado de excepción constitucional indica que el presidente podrá adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias, e incluso el mandatario ha tomado medidas previas de congelación de precios, como se hizo con el costo de la PCR en 2020.
“El Gobierno puede tomar esas medidas, el estado de catástrofe que fue declarado y que ha sido prolongado le permite tomar medidas que pongan en el centro el resguardo de la salud de las personas. Y el precio con el que se accede a la salud con estos planes es uno de los elementos fundamentales en la protección de la salud. Por lo tanto, el Gobierno cuenta con las herramientas para impedir que en este caso se siga lucrando de esta manera con la salud de las personas”, señaló sobre el rol del Ejecutivo, el diputado Tomás Hirsch.
Respecto de por qué el presidente no ha generado mayor regulación, el parlamentario expresó que esto se vincula con que el mandatario “sigue involucrado con el mundo de los negocios y sigue involucrado con sus amigos dueños de los grandes grupos económicos”.
En tanto, el médico Tomás Lagomarsino expresó sobre esta inacción del Gobierno que esta administración “sin lugar a dudas es cómplice con las empresas prestadoras de salud, de las distintas desigualdades que se presentan en este sector y, por ello, no nos extraña que pida como favor, voluntariamente, que no haya alzas, siendo que debería desde hace muchos años haberse terminado con este sistema de aseguramiento individual y haber pasado a un sistema de salud mucho más solidario y universal”.
Junto a ello el candidato la Convención Constitucional por el Distrito 7 destacó la importancia de abordar estos temas con miras al proceso constituyente en el que se espera la salud sea considerado con un derecho fundamental garantizado con pilares de un sistema solidario y único.
