MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
IFM ha obtenido la autorización de la autoridad de competencia de México a su oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy, informó el fondo australiano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la firma consiguió el pasado 18 de marzo el visto bueno, de forma "unánime e incondicional", de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México a la operación.
Fuentes de IFM Investors indicaron a Europa Press su "satisfacción" tras haber obtenido esta autorización, ya que representa "un paso adelante" para el fondo y supone "un hito clave" en las aprobaciones necesarias para completar la transacción.
Con esta oferta, IFM pretende convertirse en "un socio constructivo, estable y a muy largo plazo" de Naturgy. El fondo australiano ha señalado que sus inversiones tienen "un enfoque fundamental en la sostenibilidad y la transición energética, en línea con la dirección actual de Naturgy".
El pasado 12 de febrero, la firma ya había avanzado en los permisos con la eliminación de la condición relativa a la obtención de una notificación de no oposición del Tesoro de Australia, ya que no se requería su autorización para la operación.
La oferta de IFM deberá también obtener la autorización del Gobierno español. Además, debe recibir la decisión de no oposición de la Comisión de Seguros de Luxemburgo, ya sea expresa o por silencio positivo, en relación con la adquisición de una participación indirecta de, al menos, el 10% del capital de la sociedad Natural RE, una entidad reaseguradora cautiva con licencia en Luxemburgo, que es filial íntegramente participada de la energética española.
SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA.
El pasado 5 de febrero IFM presentó ante la CNMV la solicitud de autorización, incluido el folleto, de su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy.
La operación, además del visto bueno del supervisor bursátil, debe contar con la autorización del Consejo de Ministros, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado por el Gobierno por la crisis del Covid-19, que permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico.
La efectividad de la oferta está sujeta a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, el 17% del capital social de la energética.
