Cuando Manuela –de 33 años y madre de dos hijos en una zona rural de El Salvador– tuvo un aborto espontáneo en 2008, hizo lo que la mayoría de las mujeres habrían hecho, ir al hospital. Allí, la esposaron a la cama y fue acusada de haber abortado. La demandaron por homicidio agravado. Las autoridades argumentaron que era la culpable de matar a su bebé, pues este había sido concebido fuera del matrimonio.
A Manuela, cuyo nombre completo nunca se ha hecho público en El Salvador, no le permitieron hablar con un abogado durante los interrogatorios. La condenaron a 30 años de cárcel. También le diagnosticaron un cáncer linfático. Dos años después, murió de su enfermedad en la cárcel.
El pasado miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos de las partes en el caso 'Manuela contra El Salvador', un juicio histórico que podría dar forma a las políticas y debates sobre el aborto en toda América Latina.
Los demandantes, un conjunto de grupos especializados entre los que figuran el Centro de Derechos Reproductivos y el Colectivo Feminista para el Desarrollo Local, piden al tribunal una reparación para la familia de la fallecida y que obligue al Estado a asumir su responsabilidad por no haber garantizado el derecho a la salud y a la vida de Manuela.
Es la primera vez que un tribunal internacional tiene la oportunidad de cuestionar el agresivo enfoque penal en materia de aborto que defiende este religioso país centroamericano.
"Recuerdo a mi madre, nos daba consejos y nunca nos dejaba solos. Es doloroso crecer sin una madre porque ese amor es incomparable", dijo a los medios Santos de Jesús, el hijo mayor de Manuela, antes de la audiencia. "Pido al Estado que no haga estas cosas porque nos han dejado abandonados sin madre".
El trato que recibió Manuela no es una excepción. El Salvador tiene una de las legislaciones más severas del mundo en materia de aborto, y el procedimiento está prohibido. A diferencia de muchos países latinoamericanos, El Salvador no permite abortar en casos de violación, incesto, o peligro para la salud de la madre o del niño.
Las penas para las mujeres se suelen hacer cumplir. Según las organizaciones civiles, unas 181 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas han sido procesadas por aborto o por homicidio agravado en las últimas dos décadas.
"Sabemos que el caso de Manuela no es aislado y que muchas otras mujeres están en la misma situación", dice Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. "Cuando Manuela acudió al hospital, los médicos y las autoridades dieron por sentado inmediatamente que era culpable, en contra de todas las garantías del debido proceso".
La decisión del tribunal, que se espera para finales de este año, podría tener un efecto arrollador en la región porque la mayoría de los países latinoamericanos respeta la jurisprudencia de la corte.
"Este caso fijará un estándar, no solo para El Salvador sino para toda la región, sobre cómo se protegen los derechos reproductivos de una mujer cuando llega al hospital", dice Martínez Coral. "Un buen fallo será una victoria para los derechos reproductivos".
Las asociaciones de derechos dicen que el calvario de Manuela es habitual en El Salvador, no solo por su crueldad, sino por su condición de mujer pobre del campo. "Lo que también estamos viendo en El Salvador es la criminalización de las mujeres que viven en la pobreza", dice Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva del Centro para la Igualdad de la Mujer en Nueva York, al hablar de otras 25 mujeres que están en cárceles salvadoreñas tras sufrir emergencias obstétricas.
"Estoy segura de que si estas mujeres hubieran tenido abogados adecuados en el hospital, si hubieran tenido la capacidad de contar su historia, si les hubieran asesorado sobre qué hacer en su situación, ninguna de ellas estaría en la cárcel", dice.
Ávila-Guillén cree que la audiencia de esta semana podría servir para presionar a los tribunales salvadoreños de forma que traten con más clemencia a Sara, otra mujer en la situación de Manuela que también tuvo un aborto espontáneo. Su sentencia en El Salvador está prevista para el 15 de marzo.
"No necesitamos que mueran más mujeres en la cárcel", dice Ávila-Guillén. "Y eso es lo que esperamos que salga de todo esto".
Traducido por Francisco de Zárate
