El presidente del tribunal, João Pedro Caupers, comunicó que siete de los doce jueces votaron en contra de la norma, aunque señaló que la eutanasia, por sí misma, no es inconstitucional: "El derecho a la vida no se puede transfigurar en un deber de vivir en cualquier circunstancia". Por ello, dejó la puerta abierta a que una nueva norma sobre la eutanasia pueda prosperar en el futuro, si el Parlamento subsana los puntos considerados inconstitucionales.
La norma, que despenalizaba la eutanasia para casos de mayores de edad, sin enfermedades mentales, en situaciones de sufrimiento "insoportable" y "enfermedad incurable y fatal", volverá ahora al Parlamento, donde los diputados podrán subsanar los puntos rechazados por el TC y volver a tramitarla.
La despenalización de la eutanasia había sido remitida al Constitucional de forma preventiva por el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, al considerar que utilizaba conceptos "excesivamente indeterminados" a la hora de definir los requisitos para permitir el acceso a la muerte médicamente asistida.
Los jueces señalaron "imprecisión" a la hora de definir en qué situaciones se puede solicitar la muerte asistida, que debe ser legislada con normas "claras, precisas, anticipables y controlables", explicó Caupers.
En ese sentido, refirió que la expresión "lesión definitiva de gravedad extrema" "no permite delimitar con el indispensable rigor" en qué situaciones se puede solicitar la eutanasia.
El concepto de "sufrimiento extremo", que también levantaba dudas al jefe del Estado, sí fue aceptado por el tribunal al entender que puede ser determinado por un médico.
La despenalización de la eutanasia fue aprobada en la Cámara el 29 de enero tras un año de trámite parlamentario, con el apoyo de los grupos de izquierda, el rechazo de la derecha, y en medio de un tenso debate sobre la idoneidad del momento debido a la pandemia.
Además de tener una enfermedad o lesión incurable, la norma portuguesa establecía que la decisión final sería evaluada por un comité de expertos y solo podría practicarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
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