Los tres partidos que conforman el Gobierno del Botànic han rechazado este miércoles crear una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para investigar las presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones públicas por parte de las empresas vinculadas al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Aunque la votación se producirá mañana jueves, la propuesta del PP no saldrá adelante pese a contar con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Además, el jefe del Consell no ha estado presente durante el debate que se ha producido este miércoles.
El juzgado de instrucción número 4 de Valencia sigue investigando el supuesto fraude en la obtención de ayudas entre 2015 y 2018 -alrededor de 1,2 millones de euros, según los populares- para el fomento del valenciano por parte de las productoras administradas por Francis Puig y los hermanos Adell Bover, que supuestamente utilizaron audiencias falsas y las mismas facturas y nóminas para justificar diferentes subvenciones en la Comunidad Valenciana -también en Cataluña y Aragón- «beneficiándose de la ausencia de control» por parte de la Generalitat.
Al mismo tiempo, la Junta de Contratación del Estado debe decidir si excluye a estas firmas de futuras licitaciones públicas tras ser multadas con 43.000 euros por pactar precios para repartirse un contrato para prestar servicios audiovisuales a À Punt en la provincia de Castellón por valor de 646.000 euros.
Un «cártel» liderado por «una mente pensante que tenía acceso en todas las consellerias», según la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, que denunció en 2016 esta «trama formada por diez empresas» y que ha preguntado a Compromís y Unidas Podemos -socios del PSPV en el Consell- si van a «dejar que se sigan forrando con su silencio cómplice».
«No me van a callar y vamos a llegar hasta el final, caiga quien caiga», ha señalado. De hecho, ha pedido a los miembros de la coalición nacionalista que «sean valientes»: «Si no lo hacen por la verdad, háganlo por su directo general -de Política Lingüística-, Ruben Trenzano» porque «va a pagar los platos rotos de un negocio que nunca fue el suyo».
Trenzano está a la espera de que se fije fecha para el juicio por un presunto delito de falsedad en documento público. La única acusación en este proceso -la Fiscalía pidió el archivo- es el PP, que reclama seis años de prisión para el alto cargo de Compromís.
El directo de Política Lingüística afirmó en abril de 2018, en un escrito oficial -así lo califica el juez- dirigido a los populares, que se había hecho el control correspondiente a las subvenciones concedidas a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, en 2015 y 2016, por valor de 56.825 y 23.234 euros, y no había evidencias de irregularidades. Pero el plan de control de las subvenciones no se aprobó hasta dos meses después.
El tripartito cierra filas con el presidente
La réplica ha llegado por parte del síndic socialista, Manolo Mata, que ha apuntado que Trenzano «no se va a sentar en el banquillo por haber dado subvenciones a nadie, sino por haber contestado erróneamente a una pregunta parlamentaria» Mata ha negado la existencia de cualquier «cártel» o «relación privilegiada» y ha cargado directamente contra Eva Ortiz: «No sé si le compensa todo esto, si mentir y falsear la verdad le permite dormir tranquila».
Mata ha defendido que «tener el 5% de las acciones de una empresa no es ser el dueño» de la misma, en referencia a Francis Puig, y ha asegurado que Competencia solo multó a tres de las doce empresas que pactaron precios por el apellido de su administrador: «Han sancionado al señor Puig porque se llama Puig». El síndic del PSPV-PSOE ha asegurado que a estas productoras, que no dan dividendos, «les han denegado más ayudas que las que les han dado» y ha detallado que «uno de los hermanos del señor Puig cobra mil euros», al hilo de las acusaciones de enriquecimiento.
«Aquí no hay bolsos de Louis Vuitton, ni hay juergas, ni hay nada. Aquí hay una versión interesada de una persona en particular que cree que se va a consagrar haciéndole daño a una familia», ha sostenido, al tiempo que ha garantizado que «mientras haya un gobierno Botánico no va a haber corrupción» y se ha mostrado precupado por la «voluntad» de Ortiz de «reventar» la Agencia Antifraude con sus peticiones de documentos sobre investigaciones en curso.
Los otros dos partidos de la izquierda también han cerrado filas con el presidente de la Generalitat. La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha rechazado tratar como un «cártel» lo que no es más que «un convenio entre empresas». «Venga usted con pruebas y sentencias y a ver si tiene más suerte», ha replicado Álvaro dirigiéndose a Ortiz.
Por su parte, la síndica de Unidas Podemos, Pilar Lima, ha atacado a los populares con sus casos de corrupción. «Cártel y PP en la misma frase, eso me suena de algo», ha bromeado al tiempo que ha pedido a los populares que dejen que Antifraude «haga su trabajo».
Respecto al resto de partidos de la oposición, el diputado de Ciudadanos Vicente Fernández ha acusado a los partidos del Botànic de ser «complices del delito y la ocultación». «Su presidente huele a muerto», ha aseverado, y «la verdad se va a sobreponer» a la «opacidad de sus mandatos».
«¿Se acuerdan de la que le liaron a Camps por unos trajes? Lo de hoy sí que es corrupción», ha defendido Fernández. Una postura compartida por Vox, cuyo diputado David García ha criticado que Mata ejerza como «escudero» de Ximo Puig y ha reclamado a los miembros del Gobierno que pidan «perdón» y reconozcan «los errores» de su gestión.
