Sira Rego (Valencia, 1973) es la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo desde las elecciones de 2019, y una de las integrantes del grupo de trabajo que investigará durante los próximos meses la actividad de la agencia europea de fronteras, Frontex. El organismo, dirigido por el francés Fabrice Leggeri, está siendo también investigado por la Agencia Antifraude (OLAF) y la Defensora del Pueblo por las denuncias de violaciones de derechos humanos y devoluciones irregulares de migrantes en el Egeo, de acuerdo con una investigación periodística de Der Spiegel.
El jueves pasado se celebró la primera sesión del grupo de trabajo del Parlamento Europeo, con las comparecencias del propio Leggeri y la comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson (del grupo de los socialistas europeos, S&D), de quien depende Frontex.
Usted le decía a Leggeri el otro día en el Parlamento Europeo que Frontex estaba fuera de control. ¿No hay mecanismos de control?
Frontex está montado de tal manera que hace posible que esté fuera de control. No es una casualidad ni es algo neutral, y puede cambiarse porque hay dispositivos y mecanismos que lo permitirían. Pero se ha revelado que la agencia no tiene efectivamente ningún dispositivo que ejerza control, porque hay voluntad de que sea así. Y esto para mí es lo grave.
El jueves en la comisión parlamentaria la comisaria de Interior reconoció que Frontex está bajo su responsabilidad, pero dijo que no tenía competencias. Esto ya es una contradicción. Es como si el ministro del Interior te dijera que no tiene ninguna responsabilidad respecto a los cuerpos de seguridad del Estado. Sería una anomalía.
Lo grave era que la comisaria no se hacía responsable, Leggeri no se hacía responsable, y los Estados miembro parece que tampoco son responsables. Está habiendo vulneración de derechos humanos y no hay nadie responsable en Europa. Esto es muy grave.
La Comisión Europea mandó hace unas semanas aquella carta muy sonada en la que acusaba de mentir a Leggeri. Pero el jueves Ylva Johansson decía que tampoco podría hacer mucho más.
Yo no estoy de acuerdo. La Comisión Europea tiene a dos personas sentadas en el consejo de administración de Frontex. Es verdad que hay una parte que es estructural, por eso nosotros siempre decimos que Leggeri es un síntoma, se tiene que ir, pero el problema no es solo Leggeri. El problema es Frontex, que está mutando hacia algo que es inquietante. Es una fuerza militar, policial europea y tiene todos los ingredientes para convertirse también en una agencia de inteligencia.
Se está produciendo una mutación progresiva por la incomparecencia de muchos actores. Y esto debería ser, en todo caso, un debate que debería tenerse entre todos los Estados miembros y entre todos los actores que tienen un papel, para pensar si queremos hacer este tipo de agencia.
¿Por qué está pasando? La Comisión, por estar en ese consejo de administración, tenían que saber, por ejemplo, que no se estaban contratando a los 40 monitores en derechos fundamentales comprometidos, que son los que garantizan que no haya mala praxis por parte de Frontex. ¿Cómo no han hecho nada de oficio en todo el año? No basta con que la señora Johansson mande una carta indignadísima, que agradecemos. En términos políticos, esa carta no es suficiente si no va acompañada de exigencias y medidas que sí puede poner en marcha la Comisión Europea, como iniciar procesos de investigación y presentar reclamaciones en el propio consejo de administración de Frontex.
¿Las devoluciones irregulares que se están investigando son casos aislados?
A nosotros nos han llegado denuncias de varias ONG que nos dicen que esto lleva pasando muchos años. Otra cosa es que se pueda acreditar, lógicamente. El problema en este caso es que empieza a haber testimonios gráficos que acreditan que esto es así. El problema y la disputa que hay con Leggeri es que cuando aparece el testimonio gráfico y se le solicita la información sobre si las embarcaciones y los aviones y toda la infraestructura de Frontex estaban allí es cuando el director de Frontex dice que no te da la información, y complica poder demostrarlo.
Y luego está el teatrillo que ha montado en torno a este comité de autoevaluación que ha hecho un informe sobre las devoluciones ilegales: la prensa ha adelantado el contenido de este informe y ni siquiera esa autoevaluación despeja lo que se ha denunciado. Es todo intencionadamente contradictorio para que no se determinen responsabilidades. Y parece que eso son prácticas que vienen de lejos, que no son casos aislados de este último año o mes de hasta ahora.
elDiario.es ha publicado que, según fuentes del Gobierno, España pugnará por la dirección de Frontex. ¿Cómo lo ve?
Me imagino que todo el mundo le puede interesar en un momento dado dirigir Frontex.
El despliegue de Frontex sobre todo está siendo en el sur.
También está la frontera de Finlandia con Rusia, pero ahí hay una presencia muchísimo menor. Fundamentalmente es el arco mediterráneo y la parte de Canarias. En España tenemos tres misiones de Frontex desplegadas en este momento.
¿Para qué cree que puede servir la investigación del Parlamento Europeo?
La investigación puede revelar la enorme contradicción de Frontex, dar información de la opacidad en la que se mueve y de la mutación progresiva de una agencia que se concibió inicialmente para una cosa y que ahora mismo está en un trayecto distinto por la puerta atrás.
Hacer público ese debate es un paso adelante. Lo ideal sería poder hacer esa radiografía, investigar, acreditar los hechos y plantear una práctica que tiene que desaparecer.
Nosotros iríamos, en todo caso, a un modelo diferente similar a la gestión de Salvamento Marítimo: un cuerpo público y civil de rescate, que tuviera muchísima formación en política de asilo y de derechos fundamentales y derechos humanos. Creemos que se abre una oportunidad al menos de que esto se haga visible.
¿Qué otras comparecencias tienen previstas?
Va a ser muy interesante escuchar al propio personal de Frontex para que arrojen luz sobre las responsabilidades en la toma de decisiones y el despliegue de las operaciones.
También van a ser muy interesantes las comparecencias de abogados y ONG que operan en el territorio y que pueden aclarar cuestiones como que esto no son casos aislados, sino que es algo que se lleva produciendo desde hace tiempo. Y luego nos interesa también mucho el trabajo de los medios de comunicación y toda la labor de investigación periodística que se ha hecho.
Frontex también está siendo investigada por la OLAF y la Defensora del Pueblo, en este caso por una denuncia impulsada por usted sobre la localización de los barcos en el Egeo que Leggeri no facilita. ¿Está acorralada la agencia?
Frontex no deja de ser un agencia importante que maneja muchísima información, que no se sabe además como se gestiona. En Canarias, por ejemplo, hacen el primer registro de las personas migrantes que llegan a Canarias. Estamos hablando de cantidades ingentes de información que no se sabe cómo se usa. ¿Qué empresas se encargan de esto? ¿Cuál es la cadena de custodia? ¿Cómo se intercambian información? ¿Dónde queda depositada? ¿Cómo se gestiona todo esto?
En el informe de la autoevaluación, se dice que hay deficiencias que tienen que ver también con el tipo de cultura con el que se trabaja en Frontex. ¿Se puede cambiar la cultura después de seis años bajo el mando de Leggeri y todo su equipo?
Hay un problema estructural de la propia agencia. Tienen unas prioridades políticas y tienen unas prácticas que hacen imposible que el enfoque de la agencia cambie con un otro director.
Hay un cambio gradual que se está dando y es aún más inquietante porque se van a incrementar los fondos en los próximos años. Lo que es más interesante es que se abra el debate porque hay muchos grupos que no tienen ningún interés en que se abra el debate sobre Frontex, que están encantados con el modelo de agencia que hay, con una estructura que es perversa.
En paralelo, Frontex sigue con su planes de llegar a 10.000 guardias, prácticamente un ejército de fronteras para controlar la migración.
No hay que ver solamente la militarización, sino todos los procesos de externalización de fronteras a través de acuerdos económicos con terceros países, como el acuerdo de la vergüenza con Turquía y los acuerdos con Marruecos.
Lo que se hace es sacar la frontera del límite exterior de la UE y hacer que opere una frontera en territorio del país colindante que no forma parte de la UE. Hay una ingente cantidad de recursos, de dinero y de operativos de la propia UE. Hay un negocio enorme con el control migratorio, y esto hace que sea muy complicado tener una dimensión de la migración más equilibrada en términos humanitarios, más justa, porque no estamos hablando de cifras desorbitadas ni muchísimo menos, y que se puede gestionar de una manera más sensata.
Me inquieta mucho la simplicidad con la que se aborda el fenómeno migratorio para llegar a conclusiones que justifiquen un sistema que hace negocio de esto.
Hay que analizarlo de una manera mucho más profunda, porque el fenómeno migratorio se inicia también por la intervención de Europa en países que están fuera del territorio de la UE y con los que hay relaciones comerciales y económicas. Hay mucha más responsabilidad por parte de Europa y esto va a seguir produciéndose en la medida en la que tenemos presencia y control económico de muchas zonas del planeta.
Lógicamente, estos flujos se van a salir produciendo, pero queremos abordarlos de una manera sensata, con políticas de acogida dignas para que la migración sea un elemento de construcción de nuestras comunidades. La alternativa es seguir reforzando la idea de la militarización, del control de los muros y del negocio determinado sector con el movimiento migratorio.
Hace seis meses del incendio del campo de refugiados de Moria. Entonces, la Comisión dijo que no habría más Morias. Sin embargo, no parece que se hayan tomado medidas para que no se produzcan más.
Todo lo contrario. Hemos estado en Canarias recientemente y ya no está la foto de Arguineguín, pero hay otras fotos que son igual de terribles, los campos de retención de personas migrantes. El problema es que eso sigue incidiendo en el modelo de isla cárcel.
Aparte de que los gobiernos de cada uno de los Estados miembros colaboren de manera más o menos activa, hay una dimensión europea de la política migratoria. No es verdad que no vayamos a más Morias, es todo lo contrario.
Sobre todo porque la política tapón está siendo lo fundamental, que no lleguen a territorio continental, porque es lo que permite que luego haya movilidad de las personas migrantes por cada uno de los países. Y nos han puesto a los países del sur a hacer de carceleros. Esto también lo estamos denunciando, no es tolerable.
Frente al nuevo pacto migratorio que consolida esta vía, las deportaciones a la carta y los patrocinios, que son una barbaridad, nosotros planteamos todo lo contrario, que haya una línea clara de reparto vinculante y solidario de personas entre todos los Estados miembros.
Esto es lo que facilita que el elemento de presión, que es la concentración de personas en territorios insulares que muchas veces están golpeadas por la crisis, se resuelva con un reparto solidario vinculante entre países miembros que además, de acuerdo con la población que tienen, al final se queda en cifras pequeñas.
De esa manera, un fenómeno que se ve como un problema deja de ser un problema con un reparto razonable de acuerdo con los derechos humanos. Y si pones encima recursos para hacer políticas de acogida dignas, tienes un marco de oportunidad de convivencia comunitaria. En términos humanos y de construcción de comunidades es valiosísimo lo que aporta la migración. Al final son decisiones políticas.
¿Cree que el pacto migratorio que propone la Comisión prosperará? No parece que haya consenso entre los países en torno al documento.
Algunos dirigentes de países del Sur han escrito recientemente una carta en la que exigían el reparto entre Estados miembros, e incluso mencionaban la posibilidad de vías legales y seguras para los migrantes. Era una carta que ponía más derechos humanos en el centro y más equilibrio territorial, tenía una intención acertada.
Y eso revela también que hay posiciones antagónicas en la UE con respecto a la migración. El diseño actual le mete una presión y una responsabilidad extraordinaria a los países que son frontera exterior. Si esto no se resuelve, veo muy complicado que se cierre tal cual está propuesto.
