La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha remitido un escrito al juez del caso Kitchen para que le permita rastrear si Jorge Fernández Díaz borró los mensajes que su número dos Francisco Martínez aportó y en los que se pone de manifiesto que el ex ministro del Interior estaba al tanto del espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados.
Los investigadores policiales piden al juez que libre un mandamiento dirigido al Servicio de Interceptación Telefónica, Sitel, del Cuerpo Nacional de Policía “en el que se ordene la recuperación de los datos e información contenida en el teléfono móvil aportado por Fernández Díaz que pudiera haber sido borrada previamente a su entrega en sede judicial”, según el escrito de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Los policías pretenden igualmente que se extraiga esa información y se remita a su unidad “para su análisis”. Conscientes del carácter intrusivo de la medida, Asuntos Internos pide al juez que, de aceptar, establezca los las condiciones que considere y que ese análisis se ciña “exclusivamente a aquellos archivos concretos que guarden vinculación directa con los hechos objeto de investigación”.
Tras su careo con Francisco Martínez, el ex ministro Fernández Díaz aseguró que no tenía inconveniente en depositar en sede judicial su teléfono móvil para que pudiera constatarse su versión de que nunca envió esos mensajes que el antiguo secretario de Estado de Seguridad depositó ante notario. En los mensajes Fernández Díaz informa a Martínez de la existencia de un confidente y le daba cuenta de la copia de los terminales de teléfono y tableta que el chófer había sacado del domicilio de los Bárcenas para entregárselos a policías implicados en el espionaje y que pudieran volcar su contenido.
Pese a su inicial disposición para entregar su teléfono, que el juez le reclamó tras el careo con Martínez, Jorge Fernández Díaz ha ido obstaculizando las pesquisas entorno al terminal. El juez García-Castellón se lo reclamó una vez concluyó el careo con Martínez el 13 de noviembre. Entonces dijo que no conservaba el teléfono de la época de los mensajes pero que no tenía inconveniente en entregar el que le había sustituido. Al final tardó más de dos meses en depositarlo en la Audiencia Nacional, el pasado 22 de enero.
El juez pidió el 24 de febrero a la Policía que propusieran qué hacer con el teléfono, después de que no se conservaran en el terminal los mensajes aludidos. La consulta a Sitel podría recuperar la memoria del número de teléfono asignado y dar con los mensajes si es que estos hubieran sido borrados del terminal.
La defensa de Fernández Díaz se ha adelantado a la Policía y ha presentado un escrito en el que se niega a que los agentes indaguen en su contenido porque, dada su anterior condición de ministro, el móvil “puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de investigación en la causa”.
En la introducción de su petición al juez, los policías de Asuntos Internos aducen que en la investigación ha aparecido “elementos de carácter indiciario”, en alusión “principalmente” a los mensajes incautados a Martínez, que “sugieren, al menos, el conocimiento del entonces titular del Ministerio respecto a la planificación, desarrollo y ejecución de la mencionada operación (Kitchen)”.
Los policías añaden que no saben si es cierto que el teléfono entregado no es el mismo que Fernández Díaz utilizó entre 2013 y 2015 e insisten en que, dada la “gravedad” de los hechos investigados” y “la inexistencia de otro medio menos lesivo”, el juez autorice las pesquisas en Sitel.
