La Generalitat se asoma a un terreno desconocido en la última década: el abismo de la estabilidad. Desde que Artur Mas convocase elecciones anticipadas en septiembre de 2012 la política catalana ha estado sumida en la lógica del procés, que ha resultado en legislaturas cortas, mayorías inestables y continuas causas judiciales. Pero el resultado de las elecciones del pasado 14 de febrero, en el que el independentismo se alzó como bloque mayoritario y ERC consiguió superar a Junts, podría ser la piedra de toque que cambie esa dinámica.
Pere Aragonès está tratando de confeccionar una mayoría amplia sobre la que apoyar un Ejecutivo estable, de gestión y que dure cuatro años. Sin abandonar la reivindicación independentista, pero sin correr riesgos que precipiten un fin abrupto de la legislatura. Un plan que ERC considera avalado en las urnas, donde cree que ha ganado su independentismo pactista y con mirada hacia la izquierda, pero que choca con la idea que tienen sus principales socios, Junts y la CUP. Dos formaciones que han dejado claro en las reuniones mantenidas hasta el momento quieren traducir la primera mayoría en votos del independentismo en una nueva ofensiva al Estado desde la Generalitat.
Las negociaciones entre los partidos han avanzado lentas hasta la mitad de la última semana, cuando tomaron cierto impulso. ERC lidera las conversaciones, pero su enfoque, partidario de intentar sumar a la CUP y los 'comuns' al Govern, ha chocado con el esquema de Junts, que está más interesado en asegurar lo que llaman la "unidad estratégica" del independentismo. La formación que capitanea Carles Puigdemont dede Bélgica está centrada en un acuerdo que vaya más allá de la Generalitat y marque la pauta a Esquerra sobre su papel en el Congreso, como interlocutor catalán del Gobierno de Pedro Sánchez y respecto a la toma de decisiones que afecten al conjunto del movimiento.
Junts quiere, entre otras cosas, hacer valer el Consell per la República como "espacio de coordinación" del conjunto de los independentistas, y también dar por amortizada la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno o, al menos, endurecer las condiciones para sentarse. También desean que ERC acepte dar la batalla desde el Parlament a las prohibiciones que impone el Tribunal Constitucional, una tarea que ya generó desencuentros entre los socios durante la legislatura pasada. Pero ahora los de Laura Borràs entienden que el bloque por la secesión ha salido reforzado gracias a haber superado el 50% de los votos, por lo que consideran que solo puede redoblar la confrontación.
El Parlament es una pieza clave en las negociaciones. Para empezar, porque la Mesa de la Cámara será el primer organismo que el bloque secesionista deba votar. El PSC aprieta, ya que si las tres formaciones independentistas no se ponen de acuerdo, la socialista Eva Granados tendría a tiro convertirse en presidenta a poco que pueda sumar los votos de algunas formaciones que optasen por el "menos malo". Por su parte, en Junts no acaban de cerrar internamente quién es su candidata a la jefatura del legislativo. La hasta ahora consellera de la presidencia y portavoz, Meritxell Budó, ha mostrado su interés. Pero algunos pesos pesados del partido tratan de convencer a Laura Borràs que el puesto de segunda institución catalana puede ser interesante para ella, que deberá enfrentarse al avance de la causa judicial contra ella por corrupción.
Mientras Junts no acaba de decidirse, ERC y la CUP han movido ficha. Los anticapitalistas opinan, como Junts, que el Parlament es el espacio idóneo desde el que dirigir la ofensiva al Estado y el desafío al poder judicial, por lo que transmitieron su interés por obtener la presidencia. Un objetivo que los republicanos no vieron mal. Fuentes de ERC explican que un puesto destacado para los anticapitalistas en la Mesa sería un reparto "justo" según los resultados electorales, que según su lectura han manifestado un "giro a la izquierda". Pero en la CUP reconocen que el suyo no es un órdago por la presidencia del Parlament y que, si las negociaciones encajan, también podrían ocupar otro puesto de la dirección parlamentaria.
La pretensión de ERC en lo tocante a la Mesa es llegar a un pacto con la CUP y, juntos, acudir ante Junts a presentar su propuesta, avalada por 42 diputados. Ofrecer la presidencia del Parlament a la CUP, cuando habitualmente corresponde al socio menor de la coalición de gobierno, es la forma hallada por ERC para presionar y sacar de quicio a Junts. En el partido de Borràs hay quien se siente agraviado. Pesos pesados de la formación han hecho llegar que la presidencia de la Cámara es una línea roja infranqueable, sin la que no puede haber acuerdo de Govern. Pero quienes dirigen las conversaciones en nombre de Junts templan gaitas, confían en que sea un farol para negociar y aseguran que por ellos no será que el independentismo malgaste esta oportunidad.
El equipo negociador de Junts está liderado por Elsa Artadi y Josep Rius, dos personas a quienes el resto de actores consideran parte del sector más sensato de su partido. Su presencia tranquiliza a ERC, pero también a la CUP, que respira aliviada al comprobar que las conversaciones van en serio y que Junts no se ha mostrado empeñada en incorporar a sus miembros con un perfil de derechas más marcados en el Govern. Nombres como el de Joan Canadell preocupan tanto a ERC como a los anticapitalistas, más aún si tenía al alcance tomar las riendas de la gestión económica. Algo que por el momento, ambas formaciones confían en que no pasará. Pero saben que en Waterloo el clima es cambiante.
Con todo, la formación del Govern está aún muy verde, reconocen fuentes de las negociaciones. Ha habido tímidas exploraciones entre unos y otros para saber si, de entrada, hay vetos a algún nombre en concreto. No se han expresado, por el momento, pero eso no quiere decir que no pueda haberlos en el futuro. Tampoco el reparto de carteras se ha abordado. ERC quería una negociación rápida sobre el marco político de la legislatura para trabajar el acuerdo sobre el diseño del Govern. Aragonès ya ha expresado que quiere cambiar la estructura de la Generalitat, que no puede estar organizada en "compartimentos estancos", y también crear dos nuevas consellerias, de Igualdad y Feminismos y de Acción por el Clima.
En el ánimo del líder de ERC hay, por una parte, un interés por visualizar una nueva forma de gobernar y un cambio respecto a sus predecesores, siempre de Convergència o del PSC. Pero también quiere reequilibrar el peso de la gestión entre su partido y Junts. Debido a la atolondrada negociación de principios de 2018, en la legislatura pasada los republicanos asumieron buena parte del peso de la gestión. Una situación que subrayó la pandemia, pues ERC controlaba las principales áreas clave, incluyendo Salud, Educación, Economía o Trabajo y Asuntos Sociales. Es por esta razón que ERC quiere evitar hacer simplemente un cambio de color en las carteras y prefiere entrar en un rediseño sobre todo el esquema de la Generalitat, para después repartirlo entre los socios del Govern.
Los republicanos desean que ese nuevo pacto de Govern fuese más que un dúo. En el mejor escenario, quisieran incorporar a la CUP y a los 'comuns', además de a Junts. Pero saben que los de Jéssica Albiach ni siquiera están en la abstención a su investidura, mientras que en la formación anticapitalista, aunque todo puede cambiar de una asamblea a otra, los vientos soplan en contra de entrar al Ejecutivo. Eso no quiere decir que no puedan ser un pilar fundamental del nuevo Govern.
Los anticapitalistas vuelven a tener la llave de la legislatura y su dirección ya ha asumido que toca actuar con responsabilidad en la investidura porque el resultado del 14F, con una ERC por delante de Junts, no puede desperdiciarse. Pero también están convencidos de que deben apretar, y no solo en la cuestión nacional, sino sobre todo en la social. La estrategia política de la CUP es arrastrar a ERC a la confrontación, sí, pero hacerlo en aspectos concretos, como la política de vivienda. La formación incluso plantea que la Generalitat llegue a desobedecer ante suspensiones de normas en materia de desahucios o de regulación de precios del alquiler. De esa manera, entienden, dotarán de "contenido material" al conflicto con el Estado.
Las fórmulas de confrontación que plantea la CUP tienen poco que ver con las que imagina Junts. Pero lo cierto es que entre ambos suman 41 diputados y podrían llegar a tener tres asientos en la Mesa del Parlament. Suficiente fuerza si optan por hacer pinza, creen en ERC, por lo que tratan de buscar acuerdos con cada una, pero de momento por separado. Aragonès busca una legislatura de cuatro años y que mire a la izquierda y el único grupo que comparte esta prioridad es En Comú Podem, que es incompatible con el resto. Por eso en ERC asumen que, en su viaje de cuatro años, habrá turbulencias. La Generalitat se asoma a la estabilidad, pero eso no significa que vaya a saltar.
