El Ejecutivo ha elevado a la máxima potencia el abuso del «decretazo» al utilizar esta figura no solo para promulgar nuevas regulaciones de forma constante sino para modificar hasta 17 veces un decreto suyo en vigor. Se trata del 8/2020 aprobado el 17 de marzo, nada más declararse el primer estado de alarma, para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19 con ayudas a familias, trabajadores, autónomos y empresas.
La insistente estrategia del Gobierno de evitar el procedimiento legislativo ordinario eleva la inseguridad jurídica. En lo que respecta a este decreto-ley, impulsado por el ministerio de Asuntos Económicos, en más de una ocasión se ha llegado a modificar hasta tres veces en un mes y hay varios artículos que se han alterado hasta en cinco momentos. Es decir, que lo que una semana estaba en vigor dejaba de estarlo quince días después, y lo que no se contemplaba anteriormente se convertía en la norma, para total desconcierto de familias, trabajadores autónomos y empresas.
La primera modificación tuvo lugar a los diez días de entrar en vigor. Afectó a tres artículos y a una disposición transitoria. A ésta le siguió otra reforma tan solo cuatro días después para reinterpretar parte del texto. El decreto sufrió tres cambios diferentes en abril que afectaron a seis artículos. Dos de ellos ya habían sido reformados en marzo -el 22 y el 25- y otro -el 17- fue cambiado dos veces en ese mes. En mayo siguieron las modificaciones: Otras tres que alteraron el contenido de siete artículos, entre ellos otra vez el 17. En junio los cambios fueron dos y afectaron a seis artículos, entre los que volvían a estar el 17, 22 y 25. En julio hubo dos reformas distintas en cinco artículos. Las vacaciones del Gobierno en agosto dejaron respirar al decreto hasta septiembre cuando volvió a ser reformado dos veces más afectando a cinco artículos: el 22, 25 y 17 volvían ser objeto de alteraciones. A partir de aquí las reformas comenzaron a relajarse y se produjo una en noviembre, otra en enero y una más en febrero que afectaron a tres artículos y a la extensión de los plazos.
Nuevo engaño
La Cámara Baja ha estado atada de manos ante todos estos cambios. Al ser introducidos por el Gobierno a través de otros decretos y no mediante una ley, los grupos parlamentarios solo podían posicionarse sobre el texto en su conjunto. De rechazarlo, no solo decaerían los cambios del 8/2020 sino todas las medidas previstas en el decreto que los contuviera.
Para más inri, el Ejecutivo introducía todos estos cambios por la puerta de atrás mientras bloqueaba la tramitación del texto como proyecto de ley urgente en el Congreso. La Cámara Baja convalidó el decreto con la condición de que se desarrollara como ley en la que la oposición pudiera introducir enmiendas para paliar las deficiencias que presentó desde su nacimiento e incorporar otras mejoras. El Gobierno asumió esta condición pero esta ley de ayudas supuestamente urgente se encuentra varada desde abril del año pasado en la fase de enmiendas por imposición de PSOE y Unidas Podemos desde la Mesa del Congreso.
Es muy frecuente que los socios de coalición bloquen las tramitaciones parlamentarias para esquivar la negociación con el resto de grupos y evitar someterse a las mayorías de la Cámara. Pero al hacerlo al mismo tiempo que siguen reformando el texto desde La Moncloa, hurtan al Congreso la función legislativa. No en vano, la figura del proyecto de ley es la vía prevista para introducir cambios en un decreto, corregir errores derivados de la improvisación y mejorar el texto aplicando la mínima reflexión que requiere cualquier nueva regulación.
Además, al esquivar el trámite ordinario, Pedro Sánchez incumple una de sus promesas electorales: «apostar con convicción por el diálogo político y social, tanto con los agentes sociales como en el ámbito parlamentario, en línea con una permanente búsqueda de acuerdos y pactos en los temas de Estado».
Deslegitimar al Congreso
Sin entrar en consideraciones políticas, letrados del Congreso consultados por ABC recuerdan que una buena técnica legislativa es la que «racionaliza» la producción normativa, persigue la «calidad» de ésta y, por encima de todo, «evita modificaciones sucesivas del régimen legal de un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo». Lo contrario de lo que el Gobierno ha hecho con este decreto.
Aunque el abuso del «decretazo» viene de lejos, el Ejecutivo actual lo ha llevado a su cénit. En su reciente discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia, Ignacio Astarloa, advirtió que el factor que más contribuye a «deslegitimar» al Congreso es que el Ejecutivo «haya interiorizado -y el Parlamento y el Constitucional lo hayan permitido- que puede recurrir sin medida a esta norma supuestamente excepcional, sea para dirigir la economía, para afrontar una pandemia o para sacar ventaja en periodo electoral». «Se está comprometiendo hasta el extremo la calidad de las normas, afectadas por urgencias inevitables, la acumulación de medidas variopintas, y por improvisaciones, rectificaciones y correcciones constantes», añadió.
Como resultado, nuestro marco jurídico presenta una situación «difícilmente gobernable, al superponerse la conversión en leyes de decretos de hace meses, con decretos posteriores que a su vez también están siendo convertidos, con nuevos decretos», cargó. «Las leyes se están llenando de obsolescencias y contradicciones, generando una muy compleja inseguridad jurídica», concluyó.
