El Gobierno socialista de Francina Armengol ha sucumbido al populismo de Podemos sobre vivienda con un golpe de mano contra los llamados ‘grandes tenedores’ de inmuebles. Armengol ha expropiado 56 viviendas para dedicarlas al alquiler social con unos alquileres inferiores a los de mercado en torno a un 40 por ciento. Se trata, como recordaba ayer ABC, de un gesto efectista, de fácil digestión social y muy maleable para la propaganda de la izquierda, pero que encubre el evidente fracaso del Ejecutivo balear en su política de vivienda. Los datos son los que lo son, y ese gobierno es el principal propietario de inmuebles en las islas. Antes de que comenzara la pandemia, sus viviendas públicas en alquiler acumulaban una morosidad de 7,5 millones de euros. Una buena parte de esta deuda corresponde a inquilinos que abandonan las viviendas, no pagan las rentas y, además, no están localizables. Y no se trata de arrendatarios sin ingresos suficientes, sino de morosos a conciencia que deciden no pagar y dejan un agujero de tres millones de euros que la administración autonómica se declara ya incapaz de recuperar.
Antes que un problema de falta de vivienda a disposición de las familias sin recursos, en Baleares hay un problema más grave de incompetencia del Gobierno autonómico en la gestión de la vivienda pública. Nada más fácil que buscar un chivo expiatorio en los grandes propietarios privados de inmuebles y señalarlos como los culpables de que las familias necesitadas no tengan acceso a una vivienda digna. Este es el mensaje que se quiere lanzar como carnaza para calmar a Podemos en su cruzada populista contra la propiedad privada, y como cortina de humo a su gestión deficiente de una política pública tan esencial como la de vivienda. Además, como con la expropiación no es suficiente, el Gobierno balear alardea de los sesenta y tres expedientes sancionadores abiertos a grandes propietarios por no informar sobre viviendas vacías o no colaborar con las inspecciones del ejecutivo balear. Más allá de que todos han de cumplir la ley, resulta sospechoso que el Gobierno balear muestre tanto celo en perseguir a los grandes propietarios de viviendas para exhibirlos ante la opinión pública, y después renuncie a proteger el dinero público que se pierde por los impagos de alquileres sociales.
Si falta vivienda social no es porque las empresas inmobiliarias o fondos de inversión tengan inmuebles vacíos, sino porque la administración autonómica no es capaz de desarrollar una política pública de suelo y promoción urbanística eficaz. Por el contrario, estas sobreactuaciones de excitación chavista no resuelven el problema y además espantan a la necesaria inversión privada. El intervencionismo público que estigmatiza al sector privado no funciona para resolver las necesidades de la sociedad. Ni en educación, ni en sanidad, ni en vivienda. La combinación de titularidad pública y obra privada es la fórmula más razonable para generar el parque de vivienda social que hace falta, dotando a esta actividad de rentabilidad económica justa para el inversor y de seguridad jurídica al margen de los pruritos populistas de la izquierda. El Gobierno balear ha hecho un brindis al sol. Ha buscado más el ruido que las nueces, el aplauso fácil que la solución eficaz. Y la consecuencia es colocar a Baleares en la senda de la demagogia totalitaria.
