La Junta de Castilla y León tiene sobre la mesa aplicar un régimen sancionador «más estricto» para los incumplimientos de aforos, distancias de seguridad y nivel de ventilación en los establecimientos como medidas obligatorias para la prevención de los contagios por Covid-10.
Así se lo ha trasladó el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, a los representantes de los sectores más afectados por las restricciones –hostelería, grandes superficies comerciales y gimnasios– en una reunión celebrada este viernes y en la que ha pedido su «ayuda» para avanzar en este sentido.
En el encuentro, al que también han asistido los consejeros de Empleo, Carlota Amigo, y Cultura y Turismo, Javier Ortega, les ha planteado el «cierre preventivo» de quien incumpla, de modo que cese de forma cautelar y «no se ponga en riesgo» ni la salud ni a «todos».
Además, ha reconocido que son «muy conscientes» del daño que están sufriendo por los cierres «por causas ajenas a su voluntad». «No nos cerramos a nuevos paquetes de ayudas», ha señalado el portavoz, aunque ha precisado que están también pendientes de que el Gobierno central concrete las ayudas de 11.000 millones de euros anunciadas esta semana por el presidente Pedro Sánchez. La idea es que «sean complementarias» y, ha incidido el portavoz de la Junta, de acuerdo a las «capacidades de gasto» de cada administración.
