La Audiencia Nacional ha ordenado la extradición a Venezuela de Ernesto Luis Quintero Mendez, un extrabajador de una casa de bolsa en la ciudad de Maracaibo, ABA Mercado Capitales, que quebró en el año 2010 y dejó sin pagar a sus inversores unos 50 millones de dólares. Quintero fue detenido la mañana del miércoles en Madrid por la Guardia Civil cuando se dirigía a su trabajo, tras ser objeto de una orden internacional de detención de Interpol expedida en 2018 por estafa y delitos societarios.
Un juzgado penal del estado Zulia (Venezuela) lo reclama por un delito de estafa continuada, apropiación de fondos y valores; y asociación para delinquir. Quintero, de 41 años, llegó a España en 2018 y solicitó protección internacional para que se le reconociera el derecho al asilo. Un año después, se reencontró con su esposa Cismary Marcano y su hija, de 7 años, quienes se sumaron a su solicitud de extranjería. En enero de 2019, Interior resolvió denegarle a él el derecho de asilo por «contar con antecedentes penales», sin embargo, a su esposa e hija, sí se les concedió la residencia temporal por razones humanitarias.
Ante la posibilidad de que su esposo sea extraditado inminentemente a Caracas, Marcano dijo a ABC: «En Venezuela no hay justicia, puede ser torturado y hasta asesinado por la dictadura de Maduro. No hay manera de que a mi esposo le respeten sus derechos». La esposa cuenta a este diario que solo ha podido hablar con él «dos minutos» y fue para avisarle que estaba preso y que «la Guardia Civil había ido a por él».
El venezolano se encuentra detenido en la cárcel Soto del Real y podría ser enviado devuelta a su país el próximo miércoles, que es cuando está programado un vuelo humanitario de Madrid a Caracas por la aerolínea Plus Ultra, debido a las restricciones que mantiene aún por la pandemia el régimen de Venezuela para los vuelos procedentes de Europa.
En febrero de 2019, la misma instancia resolvió no extraditar a la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, y a su esposo Adrián Velásquez basándose en informes de instituciones, organismos y ONG porque existe «riesgo cierto» de que en Venezuela se vulneren los derechos fundamentales de personas detenidas. «A la enfermera de Chávez sí le respetaron sus derechos y no la extraditaron. Porque a unos sí y a otros no», reprochó Marcano.
Quintero ya había sido detenido en febrero de 2019 y puesto en libertad provisional con régimen de presentación cada quince días. Ahora la Sala de lo penal, sección cuarta, autoriza el procedimiento una vez que el Consejo de Ministros acordó la entrega del ciudadano venezolano el pasado 2 de febrero.
El embajador del Gobierno interino en España, Antonio Ecarri, condenó la extradición de su compatriota y aseguró a ABC que «llevar a cabo cualquier extradición en este momento es condenarlo a muerte» y pide que «sea escuchado el clamor de la familia Quintero».
Este viernes, se ha convocado una manifestación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que revise el caso de Quintero, tal como ha recomendado ACNUR en una misiva enviada al Ejecutivo español pidiendo que el venezolano no sea extraditado.
