La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia del sindicato CGT por la vacunación contra la COVID-19 de directivos y cargos de confianza de empresas de ambulancias que no están en contacto con pacientes del virus. Según han informado fuentes fiscales, será la Fiscalía de Barcelona la que se haga cargo de las pesquisas después de que el sindicato denunciara inicialmente los hechos ante la Fiscalía Superior de Catalunya. Es la primera investigación que la Fiscalía abre en Catalunya por vacunaciones supuestamente irregulares.
La denuncia del sindicato relata que directivos y personal de confianza de empresas de ambulancias que prestan servicio al Sistema de Emergencias Médicas (SEM) catalán se vacunaron contra el coronavirus, lo que a juicio de la CGT puede implicar los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. "La vacunación impropia de directivos sin contacto con pacientes se produce mientras a primera línea de ambulancias todavía no se ha realizado", expuso la CGT.
La CGT concretó que se han dado casos de uso "impropio" de vacunación por parte de directivos en las empresas Falck, vacunados en el Hospital de Bellvitge, en la empresa Transport Sanitari de Catalunya, vacunados en el CAP de Sants, en la empresa Ambulancias Domingo, vacunados en el Vall d'Hebrón, así como en Ambulancias La Pau y Ambulancias Lázaro. Para este sindicato, si el uso de recursos públicos para beneficio personal es "execrable", todavía lo es más "cuando este pasa por encima de personas que lo necesitan más".
El protocolo del Ministerio de Sanidad establece que en la primera fase de vacunación debe priorizarse la inmunización de los sanitarios de primera línea y de los trabajadores y residentes en geriátricos. La Generalitat, en cambio, ha vacunado a todo el personal que trabaja en los hospitales públicos y privados en la primera fase de la campaña, ya sean directivos o trabajadores de las cocinas o de la administración de los centros que no están en contacto directo con los pacientes.
Tras salir a la luz noticias en otras comunidades, como Euskadi, donde directivos sanitarios dimitieron tras administrarse la primera dosis, desde Salud Pública en Catalunya defendieron que su criterio está siendo vacunar a todo el personal que trabaja en un recinto hospitalario, empezando por los trabajadores de circuitos COVID-19.
