Este jueves, el Tribunal de Garantía de Temuco descartó cambios en las medidas cautelares de Martín Pradenas, acusado de abuso sexual y violación contra seis mujeres. Así, el imputado deberá continuar cumpliendo prisión preventiva en la Cárcel de Valdivia hasta el fin de la investigación.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, se refirió a este caso, que se ha convertido públicamente en un emblema de la lucha contra la violencia de género, y también ha sido una visibilización de la existencia de los suicidios femicidas, dado que Antonia Barra, víctima de Pradenas, se quitó la vidaj en octubre de 2019 luego ser violada por el hombre.
La abogada valoró la decisión del tribunal y manifestó que es muy relevante que desde el Poder Judicial se reconozca que los agresores sexuales son un peligro para la sociedad, las víctimas y el desarrollo de las investigaciones.
Asimismo, lamentó la postura que ha tenido la defensa del agresor en este caso, donde constantemente se ha cuestionado a las víctimas, sus contextos, acciones y denuncias.
“Lamentablemente este es un caso bastante emblemático en cuanto al abordaje de la violencia sexual desde muchas dimensiones, una de ellas es la sobreexposición de los estereotipos y prejuicios respecto de las víctimas de violencia sexual por parte de algunos operadores de justicia”, dijo.
Además, aclaró que no existen normas que impidan ciertas expresiones en estos contextos, sin embargo comentó que lo que se esperaría ante situaciones de este tipo es que el Poder Judicial avance en definir ciertos límites sobre la forma de expresarse y exponer a las víctimas en los procesos.
A ello agregó que es de suma importancia que la formación de los abogados incluya elementos sobre derechos humanos de mujeres y niñas, para que no se generen re victimizaciones como las que ha hecho el abogado de Gaspar Calderón, defensor de Pradenas.
En tanto, sobre la perspectiva de género aplicada en las decisiones de este caso, y que fue incluso mencionada durante la audiencia de este jueves por la magistrada a cargo, la abogada Camila Maturana señaló que desde el Poder Judicial ha existido una voluntad y disposición de avanzar en tener esta perspectiva en sus casos, pero aclaró que el comportamiento no es homogéneo.
Junto a ello comentó se requiere seguir avanzando en que los procesos funcionen bien en todo su desarrollo, desde el recibimiento de la denuncia hasta el juicio.
En tanto, sobre las expectativas de lo que prosigue en este caso en particular la abogada dijo esperar que la perspectiva de género siga aplicándose y vaya más allá de estas denuncias en particular.
“Uno esperaría que investigaciones diligentes y una perspectiva de género al momento de resolver respecto de si los agresores sexuales constituyen o no un peligro para las victimas sea una perspectiva que trascienda el caso de Pradenas, que es un caso que tiene bastantes particularidades”.
“La verdad es que la realidad de las víctimas de violencia sexual y violencia de género en general que enfrentan una denuncia y una investigación no siempre es una realidad respetuosa de su vivencia, y que ofrezca las suficientes garantías de que las víctimas no van a ser expuestas indebidamente, de que su palabra va ser creída, de que sus experiencias no van a ser cuestionadas, puestas en duda o que finalmente en algunos casos incluso puedan ser ellas percibidas como responsables o causantes de alguna situación de violencia. Uno esperaría que más allá de lo que se ha avanzado en este caso, la consideración del conjunto de víctimas de violencia sexual se enmarcara en este tipo de parámetros o avances”, señaló.
Finalmente, la abogada Camila Maturana explicó que como Corporación Humanas han generado un trabajo de incidencia legislativa en el Congreso Nacional, participando de los debates referentes a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, en lo que destacó queda mucho por avanzar, entre ello en el mismo proyecto que lleva el nombre de Antonia Barra.
“Hay bastante todavía que avanzar en términos de cómo incorporar en un sistema judicial efectivamente los derechos y las decisiones de las víctimas, como asegurar que sea un proceso que garantice su protección, su privacidad, que se pongan límites a la descalificación de las víctimas, que se garantice el tiempo suficiente para que puedan presentar las denuncias y que se valoren las pruebas de manera adecuada, y no solo centradas en aspectos físicos o la existencia de testigos que muchas veces no existen”, finalizó.
