La primera jornada de comparecencias en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, donde empezó ayer la tramitación de la segunda reforma de la Ley de Cadena Alimentaria de 2013 que traspone la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales de 2019, sirvió para poner sobre la mesa la preocupación de las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA, y Unión de Uniones) por percibir remuneraciones dignas para sus productos -algunos de los comparecientes denunciaron «prácticas abusivas» en sectores como el lácteo- y pidieron más garantías de que se cumplirá la Ley.
Desde el Ministerio de Agricultura, el secretario general del Ministerio Fernando Miranda, explicaba el espíritu con el que nace la nueva norma: «Tenemos que introducir los costes de producción en la dinámica de la negociación contractual y profundizar en un cambio de mentalidad, para competir en valor y no sólo en precio», ha apuntado durante su intervención. También ponía fecha a la entrada en vigor de la última modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria: la trasposición de la directiva europea debe estar finalizada el próximo 1 de mayo, para que entre en vigor todas las modificaciones el próximo 1 de noviembre.
Las principales organizacines agrarias coincidieron en pedir precios de referencia a la hora de establecer los costes de producción. Al respecto, el presidente de Asaja Pedro Barato exigió a los diputados potenciar «la realización de estudios de costes de producción» desde las administraciones públicas. En este sentido, la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, matizó que «no significa fijación de precios, sino poner en marcha una nueva forma de relacionarlos».
Mientras que desde COAG, su secretario general, Miguel Blanco, reclamó también el impulso de un índice de referencias oficial de carácter público y mencionó al Observatorio de la Cadena Alimentaria, «no hay excusas para decir que no podemos poner índices de referencia», apuntó el máximo responsable de esta organización agraria. Desde Unión de Uniones, su coordinador nacional José Manuel De las Heras, ha apuntado que «tener la mejor ley no es suficiente para ser suficentemente remunerados por nuestros productos» y constata que «no hay constancia de que se hayan adoptado las medidas necesarias para evitar la destrucciónd e valor en la cadena».
Por la Comisión también desfilaron otros temas como el rol de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) y el refuerzo de los sus competencias sancionadoras, además de hacer referencia a la particular situación del plátano, enfrentado a la competencia de los bajos precios de producciones de multinacionales sobre la que existen diferentes matices desde las organizaciones agrarias. Por su parte, la directora de la AICA Gema Hernández señaló que el 31% de las infracciones desde 2014 están relacionadas con los contratos, especialmente, en sectores como el de las frutas, hortalizas y el vino.
