Los bonos verdes, que no han dejado de crecer en los últimos años en las emisiones de deuda de las empresas, serán también emitidos por el Estado español. El Tesoro ha avanzado este viernes que prevé colocar su primera emisión vinculada a proyectos ecológicos durante el otoño de este año. De este modo, el Gobierno pone fecha a un modelo de deuda soberana cuyo estudio había comenzado hace tiempo pero no se había plasmado hasta la fecha.
En concreto, el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, ha apuntado en la presentación de la estrategia de su departamento para este ejercicio, que está previsto que en septiembre u octubre se emitan entre 5.000 y 10.000 millones de euros en emisión medioambientalmente responsable. "Los bonos verdes soberanos no son ya un producto de nicho", ha apuntado el responsable del Tesoro en rueda de prensa. La fecha prevista es el tercer trimestre del año, aunque ha avanzado en que si el procedimiento va más rápido de lo esperado, podría producirse en el mes de junio.
El Tesoro ya trabaja con los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para desarrollar el programa de bonos verdes. San Basilio ha explicado que este tipo de bonos conllevan un proceso más complejo que el de otros instrumentos de deuda, puesto que necesitan contar con una certificación. Para ello, el Estado debe desarrollar en los próximos meses la documentación exigida así como señalar cuál será el objetivo de estos fondos y un compromiso para poder trazar el destino final que tengan estos bonos.
El Estado trabajará con entidades financieras especializadas en este tipo de bonos verdes, quienes ya han comenzado a asesorar al Tesoro en la formulación de este programa. Si bien, San Basilio no ha apuntado cuáles son las entidades con las que se sindicará esta deuda ya que todavía no es público. Se prevé que únicamente se realice una emisión de deuda verde en 2020 puesto que con el calendario previsto no habría turno para hacer dos. Sin embargo, el responsable del Tesoro ha abierto la puerta a repetir en el mes de diciembre si el Estado se encuentra con una demanda que supere las previsiones.
Respecto al coste que pudiera tener esta emisión, San Basilio ha reconocido que tradicionalmente los bonos verdes han tenido un sobrecoste para el emisor. Sin embargo, considera que hoy en día son instrumentos con suficiente liquidez y que el tipo de interés podría situarse en línea o "marginalmente" por encima o por debajo respecto a un bono tradicional. Está previsto que el primer bono verde se emita a 20 años.
Como ya había avanzado la ministra de Economía, Nadia Calviño, esta semana, el Tesoro ha reducido su previsión de emisiones de deuda respecto a lo incluido inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado. Allí se esperaba una emisión de 110.000 millones de euros, sin embargo, la estrategia del Tesoro presentada este viernes apunta a una cifra algo inferior, de 100.000 millones. San Basilio ha apuntado que "esa referencia debería variar a la baja" a lo largo del año.
El Tesoro asume que los primeros meses del año seguirán siendo "complicados" pero confía en continuar con la senda de los últimos años e incrementar la vida media de la deuda española. El año pasado cerró con una duración media de las emisiones de deuda de 7,75 años y no ha dejado de incrementarse desde 2013. Para este ejercicio, San Basilio pronostica una subida "marginal". Además, pese al fuerte aumento de la deuda provocada por el plan de choque frente a la pandemia, el Estado ha seguido reduciendo el coste medio de la deuda. En la actualidad, la rentabilidad media de la deuda española viva es del 1,86%, aunque en el año pasado las subastas se cerraron, de media, con un 0,18%. La última subasta de un bono a 10 años en 2020 se cerró por primera vez con un interés negativo.
En este punto ha tenido especial relevancia el programa de compra de deuda pública del BCE, que ha ayudado a reducir el coste de la deuda. Actualmente el 26% de la deuda española está en manos del Banco de España, a través de este programa de la autoridad monetaria de la zona euro. Los inversores extranjeros, que llegaron a rondar el 50% de la deuda del Estado, han caído en el pasado año al 45%, mientras que los inversores españoles se han reducido hasta el 15,6%, con los bancos retirándose de la compra de deuda soberana.
